La Declaración de Lima señala que la persistencia de grandes desigualdades, como la pobreza, exclusión y la criminalidad organizada, afectan la institucionalidad democrática en la región.
Las desigualdades, la pobreza y la exclusión afectan la institucionalidad democrática en América Latina, advirtieron 14 expresidentes reunidos en Lima, quienes se comprometieron a promover una Agenda Social en la región.
También acordaron constituir un mecanismo de observación de los avances y promoción de la Carta Democrática Interamericana, a una década de su aprobación por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Declaración de Lima de seis puntos, aprobada al término de la VI Cumbre de Ex presidentes de América Latina, señala que la persistencia de grandes desigualdades, como la pobreza, exclusión y la criminalidad organizada, afectan la institucionalidad democrática en la región.
El mecanismo de observación planteado se constituirá en el marco del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, entidad que organizó la cumbre, y será también de alerta temprana en los casos de alteración de la institucionalidad democrática en los países de la región, con la finalidad de coadyuvar a los esfuerzos que en ese mismo sentido realizan las organizaciones regionales y subregionales.
Según la Declaración, esta iniciativa tendrá una secretaría técnica encargada del desarrollo de mecanismos e indicadores que permitan la evaluación y el monitoreo y, con base a sus recomendaciones, losex presidentes se reunirán para deliberar y actuar en consecuencia de ser el caso.
Sostiene, además, que la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Perú el año 2001, constituye el instrumento “más avanzado” en el ámbito internacional para resguardar la institucionalidad democrática y para defender el estado de derecho, las libertades fundamentales, los derechos humanos y la libertad de expresión e información.
Los gobernantes concordaron que la alteración del orden democrático no sólo se produce cuando se altera el legítimo ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, sino cuando se afecta la independencia o el legítimo ejercicio de los poderes legislativo y judicial.
Indica que la Carta Democrática Interamericana representa una garantía al derecho a la democracia de los pueblos, a través de un sistema colectivo de seguridad democrática que autoriza una acción conjunta contra los gobiernos usurpadores de la voluntad popular, o de aquellos que siendo elegidos democráticamente se tornan inconstitucionales y dictatoriales.
Señalan que la aplicación de este instrumento internacional, en algunos casos ha mostrado su eficacia y validez, pero también limitaciones, por lo cual respaldan todas las iniciativas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de los gobiernos para lograr su aplicación oportuna y eficaz.
Asimismo, instaron a los gobiernos a propiciar una acción concertada con la finalidad de que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana no sea limitada por coyunturas donde la voluntad política de los Estados miembros de la OEA no sea la suficiente para asegurar su eficacia.
Del mismo modo, respaldaron las múltiples iniciativas dirigidas a establecer en la OEA un mecanismo de seguimiento y evaluación de la institucionalidad democrática en los países miembros, que incluya la revisión por pares de países.
Participaron en la reunión los ex jefes de Estado Vicente Fox (México), Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa (ambos de Bolivia), César Gaviria y Ernesto Samper (ambos de Colombia), Fernando de la Rúa (Argentina), Rodrigo Borja, y Gustavo Noboa (ambos de Ecuador), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Antonio Saca (El Salvador) y Alejandro Toledo (Perú).
Asistieron como invitados José María Aznar, ex presidente de España y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entre otros.
ANDINA
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