Exprocuradora Delia Muñoz: norma boliviana favorece a quien pide refugio

El caso de Martín Belaunde Lossio, quien permanece en Bolivia a la espera de un refugio ha alcanzado connotaciones internacionales, toda vez que en horas de la mañana de hoy lunes 5 de enero el prófugo expublicista del presidente se presentaría ante el Consejo Nacional de Refugiado (CONARE) para sustentar ante este organismo los fundamentos por las que está solicitando este beneficio.

Delia Muñoz, exprocuradora nacional de derechos humanos, recordó que la norma boliviana es beneficiosa para quien pide refugio y una vez que se concede no se puede extraditar salvo cese la protección.
Muñoz explicó que este beneficio es rechazado por la comisión de un hecho doloso, a pesar que Belaunde Lossio pueda alegar ser un perseguido político.

“Para dar asilo político, la Conare boliviana considera la identidad de la persona que pide el beneficio, quien huye de un país por ideas políticas o por su pertenencia a un partido político. El otro punto que ven es el fundado temor de no poder ser llevado a juicio en su país porque ya está juzgado de antemano”, dijo en Ampliación de Noticias.

La exprocuradora añadió que según la norma boliviana, una vez presentada la solicitud se entra en un estado de protección, pero según el tratado de Perú y Bolivia se establece nueve puntos para ingresar a ese país con DNI, entre los cuales está Desaguadero, sin que eso no exima que llene las tarjetas correspondientes de registro de pase de frontera a frontera.

Resaltó que la legislación boliviana no permite dar refugio a una persona que ha cometido delitos comunes en su país.

Óscar Cchiappa, experto en Derecho Internacional, consideró que es cuestión que el Perú presente adecuadamente la justificación que permita la devolución al Perú de Belaunde Lossio, garantizando las condiciones del debido proceso.

"Se debe presentar adecuadamente la fundamentación que justificaría la entrega al Perú de Belaunde Lossio. Hay que hacer esto con profesionalismo. Hay que garantizar las condiciones de un debido proceso, cosa que debiera resultar obvia pero que lamentablemente en el caso peruano no lo es”, puntualizó.