Disolución, golpe, conflicto de competencias [COLUMNA]

La sesión de la Comisión Permanente representó un nuevo capítulo del conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. En Curitiba, Jorge Barata reveló la identidad de algunos de los sobornados.

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en Curitiba. | Fuente: EFE

Tres días después de la disolución del Congreso, sesionó por primera vez la Comisión Permanente bajo la autoridad del expresidente del Poder Legislativo, Pedro Olaechea. La constitución establece que la Comisión Permanente es el único órgano del Congreso que se mantiene en funciones en caso de disolución, pero le atribuye funciones muy limitadas. Los miembros del Frente Amplio, Nuevo Perú y la Bancada Liberal se retiraron de la sesión por considerar que la Comisión Permanente usurpaba funciones que no le reconoce la constitución. Entre ellas, la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional para que éste decida si la disolución se ajusta o no a nuestro marco normativo. Pero junto a este conflicto de Poderes, volvió a aparecer el tema que precipitó la disolución: la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Pedro Olaechea exigió que el gobierno publique en El Peruano la cuestionada elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos, lo que evidenció que la composición del Tribunal no era un tema accidental, sino un elemento crucial de la estrategia de la mayoría parlamentaria. Los jueces constitucionales están llamados a pronunciarse sobre el habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, pero también sobre el fundamento constitucional de la disolución. Es decir que llegado el caso, el TC podría tomar decisiones que modifiquen lo actuado por la Justicia ordinaria y por el Poder Ejecutivo.

Olaechea también se dirigió a la comunidad internacional a la que solicitó seguir con cuidado la evolución política de nuestro país, donde, sigue afirmando, se habría cometido un golpe de Estado. Su invocación pretende sin duda contrarrestar la versiones de la prensa internacional y de organizaciones como la OEA, que no han asumido la tesis del quebrantamiento del orden constitucional.

Mientras en el Perú asistíamos a una nueva fase del conflicto entre Poderes, en Curitiba los fiscales interrogaban al exsuperintendente de Odebrecht. Jorge Barata comenzó a revelar a quiénes corresponden los seudónimos utilizados en documentos de la empresa brasileña para pagar coimas y financiar ilegalmente campañas electorales. Según el informe de IDL-Reporteros la diligencia estuvo a punto de ser cancelada, por maniobras de quienes quieren impedir la colaboración eficaz, recurriendo por ejemplo al rechazo del Acuerdo de colaboración con la Fiscalía, así como también al pago de la parte que corresponde a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Entre las reacciones al interrogatorio, destaca la del líder del Partido Morado, Julio Guzmán. El excandidato presidencial adelantó que su partido participará en las elecciones congresales y denunció que la retórica del “golpe de Estado” solo responde a la voluntad de algunos congresistas de no rendir cuentas a la justicia.

Mientras tanto, el presidente y el primer ministro Vicente Zeballos han continuado la formación del nuevo gabinete. Se da por descontado el nombramiento de la economista Antonieta Alva quien a los 34 años se convertiría en la más joven ministra de Economía de nuestra historia. Aunque desde ya se oyen voces que la descalifican, la señora Alva ha dado muestras de eficiencia en el Ministerio de Educación y en el MEF. Alva asume la tarea de implementar los Planes de Competitividad y de Infraestructura elaborados por el saliente ministro Carlos Oliva. Corresponderá a la futura ministra corregir errores, impulsar proyectos suspendidos o abortados, romper inercias, dinamizar la inversión y generar condiciones favorables a la creación de empleo. Quizás la mejora económica no resuelva la crisis política, pero lo seguro es que el empeoramiento económico contribuiría a profundizarla.

Las cosas como son

¿Qué opinas?