El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, descartó la comisión de un delito en la reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y Poder Judicial, realizada en 2012, para coordinar la defensa del Estado en el caso Chavín de Huántar.
Remarcó que de acuerdo al análisis legal y jurídico realizado por el Ministerio Público sobre el caso, no se encontraron indicios que configuren delitos como el de tráfico de influencias.
"Hemos hecho un análisis legal y jurídico respecto de la posibilidad de existencia de un hecho delictivo, pero no encontramos que las conductas o los actos realizados en la reunión haya tenido un contenido penal", declaró a periodistas.
“Son funcionarios que no han mediado ningún tipo de dinero o prebenda, ahí está descartado todo hecho que configure un delito”, remarcó.
Sostuvo que corresponde esperar que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) determine si hubo una falta administrativa o disciplinaria por parte del expresidente del Poder Judicial, César San Martín.
Asimismo, descartó una investigación fiscal contra el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, en ese entonces, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, porque no incurrió en ninguna irregularidad.
Peláez Bardales reiteró que mañana viajará a Costa Rica con el objetivo de profundizar las indagaciones sobre el caso de las millonarias adquisiciones de predios por parte de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo.
Para ello, indicó, se entrevistará con el fiscal general de dicho país, ya que los fondos para tales compras inmobiliarias realizadas en Lima, provinieron de la empresa Ecoteva, con sede en ese país.
