Fiscalía evaluará contenido de audios sobre caso Chavín de Huántar

La Fiscalía de la Nación verificará el contenido de los audios que revelaron conversaciones entre integrantes del Ejecutivo y el Poder judicial sobre la sentencia del caso Chavín de Huántar, informó su titular, José Antonio Peláez Bardales.

Adelantó que este mismo lunes solicitará este material a los medios de prensa que lo difundieron, a fin de verificar si tiene un contenido penal que amerite una investigación en esa instancia.

"Hay que hacer un análisis de si los hechos tienen contenido penal, a lo mejor la situación amerita un análisis de tipo político, eso correspondería a otras esferas", expresó en declaraciones a los periodistas.

Los audios, que datan del 2012, presuntamente registran las voces del entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez; y Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar, en una reunión con el entonces presidente del Poder Judicial César San Martín y la jueza Carmen Rojjasi, quien tenía bajo su responsabilidad el proceso.

Al respecto, Peláez Bardales manifestó que las reuniones “no tienen ninguna trascendencia negativa”.

"Pueden haber reuniones entre funcionarios, ministros, miembros del Poder Judicial o del Ministerio Público; pueden haber consultas, conversaciones, intercambio de ideas, lo otro es qué connotación tiene esto y qué posibilidad de que surja alguna presión o situación que vaya ir en desmedro de la autonomía de los poderes", sostuvo. 

En ese sentido, dijo que la Fiscalía evaluará hasta qué extremo llegó la polémica reunión, aunque adelantó que San Martín, expresidente de la Corte Suprema, "no hace ninguna indicación directa a la jueza", según lo que ha extraído de la lectura de los audios.

"Le dice que revise bien y que tiene que ser una sentencia muy fundamentada y  argumentada"; anotó.

Consultó sobre si alguna ONG podría aprovechar la difusión de estos audio para tratar de invalidar el fallo que exculpa a los comandos de Chavín de Huántar, Peláez afirmó que efectivamente es posible se sean utilizados para apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).