Fiscalización demanda debatir informe sobre gestión de Gregorio Santos

El titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gustavo Rondón, exhortó al Consejo Directivo incluir en la agenda de la legislatura ampliada el informe sobre la investigación a la gestión del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

Aseveró que dicho informe, que determina la presunta comisión de seis delitos por parte de la autoridad regional, debería ser debatido en este periodo ampliatorio por el Pleno del Congreso para que el Ministerio Público profundice las investigaciones.
 
Recordó que el pasado 5 de junio, la comisión acordó por unanimidad denunciar a Santos, como autor mediato, de los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión desleal, omisión de funciones, asociación ilícita para delinquir y malversación de fondos.

En su opinión, el Parlamento debe colaborar con el trabajo que realiza el Ministerio Público, que ya inició pesquisas sobre una presunta malversación de fondos.

“El informe contra Santos debe tener carácter prioritario y espero que sea considerado para su aprobación en esta legislatura ampliada. Voy a insistir para que el Consejo Directivo la incluya en la agenda del Pleno del Congreso”, expresó.

Dijo que es necesario que la autoridad regional de Cajamarca responda ante la justicia por las presuntas irregularidades cometidas.

De acuerdo al informe, a Santos se le atribuye la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos y participación delictiva.

Además se le imputa el supuesto mal uso de fondos institucionales, cargos que derivan de una mala gestión administrativa que compromete la elaboración de los estados financieros del gobierno regional.

Asimismo se detectaron procesos de selección y de concesión que favorecieron a allegados al presidente regional; específicamente a empresas que estarían vinculadas al empresario Wilson Vallejos.

En la comisión de los delitos de patrocinio ilegal y colusión simple también estarían inmersos el director ejecutivo de Proregión Cajamarca José Panta, y el jefe de administración de dicha entidad, Juan Coronado.

Dicha dependencia se encargó de los procesos de selección de postores para diversas obras, que finalmente fueron adjudicadas a empresas que no reunían las condiciones establecidas.

Respecto al delito de malversación, el informe indica que este habría sido perpetrado al destinarse fondos del Programa de Mejora de la Calidad Ejecutiva a acciones políticas.

Estas fueron, específicamente, el paro regional convocado contra el proyecto minero Conga y la segunda convención del Movimiento de Afirmación Regional; grupo del que forma parte Santos.

El monto total desviado a estas acciones fue de 46 mil 70 nuevos soles, señala el informe.

Andina