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Dina Boluarte indicó en Twitter que solicitó licencia de las asociaciones de clubes que integra antes de asumir cargos en el estado.
En entrevista con RPP, el Superintendente de Sunafil advirtió que en lo que va del año 22 trabajadores fallecieron en accidentes de trabajo. Alertó el caso de la región Pasco, donde se registran muchos casos de obstrucción a la labor inspectiva.
Fiscalizadores de la Municipalidad de Lima le arrebataron su pequeño puesto de comida a una vendedora ambulante. La comuna asegura que se hizo por seguridad.
Edde Cuéllar, alcalde de Ate, señaló que operativos de fiscalización se vienen realizando en su distrito.
Personal municipal tuvo que utilizar utensilios de cocina para atrapar a los ratones escondidos. Local ubicado en la avenida Fernando Belaúnde fue clausurado por condiciones insalubres.
Desde Cajamarca, Santos Saavedra dijo que los ronderos, actividad a la que se ha dedicado Pedro Castillo, ejercerán "una fuerte fiscalización" al próximo presidente del Perú, "mucho más si son parte de nuestro espacio social".
Las personas no portaban mascarillas y atacaron con una barra de fierro y un desarmador al conductor de la grúa que buscaba remolcar una camioneta mal estacionada. Este grupo también hostigó a una fiscalizadora, a quien insultaron.
Juan Gómez pidió a la Policía Nacional, Ministerio Público y a los alcaldes fiscalizar a los ciudadanos y locales comerciales para que cumplan con las restricciones dictadas por el Gobierno.
En entrevista con RPP Noticias, el congresista del Partido Morado propuso que los parlamentarios aprovechen la semana de representación para fiscalizar que instituciones públicas y privadas cumplan con las medidas de seguridad dictadas por el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19.
La madre de la agraviada criticó que, pese a los daños que ha sufrido su hija, se dictara la libertad del conductor, quien en su intento de fuga para evitar una intervención, atropelló a la fiscalizadora en la Vía de Evitamiento.
Los trabajadores ediles intervinieron un bar ubicado en la cuadra 2 del jirón Quilca, donde aproximadamente 50 personas consumían alcohol sin guardar la distancia. El local fue cerrado y se inició un proceso sancionador contra los dueños.
La intervención se dio en las galerías El Dorado II y La Casona, en las que los fiscalizadores decomisaron máscaras que no contaban con los registros debidos. Además, incautaron aproximadamente 200 calabazas y juguetes de plástico, que no contaban con autorización.
Durante los últimos siete meses se generaron más de 2 mil fiscalizaciones en obras y proyectos inmobiliarios para verificar, entre otros aspectos, si los trabajadores con medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19.
Los agentes de la comuna limeña intervinieron los locales en la cuadra 5 de la avenida Sebastián Lorente, donde los recicladores llegaban para vender al peso botellas y fierros. Ambos establecimientos ya habían sido intervenidos con anterioridad y ahora fueron multados con 8 600 soles.
Curso virtual 'El control social en tus manos' busca fortalecer las capacidades de los ciudadanos en el control social de los fondos públicos.
Los fiscalizadores realizaron visitas inopinadas en diversos restaurantes de la zona a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de salubridad. Los restaurantes clausurados tendrán una sanción de casi 2 UIT.
Fiscalizadores advirtieron que dicho sistema de prevención resulta imprescindible debido a que estas empresas se encuentran operando con un total de 19 mil 420 trabajadores.
En este local se hallaron tapas, stickers de diversas marcas de agua embotellada y una secadora con la cual se sellaban los bidones. Dos vehículos estaban estacionados afuera con envases vacíos.
En un operativo conjunto fiscalizadores, efectivos del grupo Terna y miembros del Ejército, retiraron a los comerciantes y transportistas sin autorización de varias zonas del distrito. Pese a que se resistieron en un inicio, cerca de 50 intervenidos fueron trasladados a comisarías de la zona.
Las escuelas fueron clausuradas y multadas por no contar con las medidas de seguridad adecuadas y por tener los certificados de Defensa Civil vencidos. En algunos casos, ni siquiera contaban con licencia de funcionamiento para ofrecer servicios educativos. El alcalde distrital de Pachacámac informó que los colegios fueron notificados para que mejoren su situación, "pero no lo hicieron".
Se trata de un grupo de hombres que utilizaba identificaciones falsas, además de sellos de la Municipalidad para cobrar cupos a comerciantes informales en el jirón Lluta. La Policía logró detener a todos los integrantes de esta banda, cuyos integrantes confesaron no ser trabajadores municipales.
Los efectivos y trabajadores municipales encontraron implementos de pastelería durante una intervención a un presunto prostíbulo clandestino. En el lugar se intervino a decenas de personas.
Los transportistas informales reaccionaron violentamente cuando los fiscalizadores intentaron incautar un mototaxi. Según precisaron desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito, ellos no cuentan con autorización para circular.
Los fiscalizadores intentaron retirar a los comerciantes informales del jirón Ayacucho; sin embargo, estos reaccionaron arrojándoles piedras y basura. Varios comercios con autorización cerraron sus puertas y varios transeúntes resultaron afectados.
En total sacaron 23 anuncios publicitarios que habían sido colocados de manera ilegal, que alcanzaban hasta cinco metros de alto y rozaban cables de electricidad. Los trabajos fueron realizados desde la avenida Naranjal hasta el paradero La Pascana.
Durante la intervención los inspectores evidenciaron que los locales no contaban con las medidas de seguridad. Además, encontraron insectos y venta de productos almacenados en malas condiciones.
El mototaxista no contaba con permisos para operar en Santiago de Surco y cuando los agentes le intervinieron escapó e hirió a uno de los fiscalizadores. El gerente de Seguridad Ciudadana anunció que tomarán las acciones legales correspondientes.
El subgerente del Área de Fiscalización y Control de Miraflores precisó que dentro de la tienda se encontraron productos sin rotulado y en mal estado de conservación. Agregó que este establecimiento tendrá que pagar dos multas del 50% de la UIT cada una.
Durante el operativo, varios conductores se resistieron a las autoridades. Incluso, un mototaxista a bordo de su unidad intentó huir cruzando un grifo
Las religiosas habían mandado a construir un columbario de aproximadamente 50 metros cuadrados donde las personas podían guardar las cremaciones de sus seres queridos por un determinado costo.
Dueños deben levantar las observaciones en un plazo máximo de 7 días y pagar una multa del 40 % de la Unidad Impositiva Tributaria. De continuar con esta mala práctica, sus locales podrían ser cerrados definitivamente.
Una interesante idea sería adaptar el mecanismo de “obra por impuestos” al diseño de “campañas informativas” a cambio de la sanción aplicada a empresas que incumplen con normas que afectan a usuarios/consumidores; es decir, podrían ser “cobradas” en forma de campañas que informen y concienticen a la población (adultos y niños) respecto de riesgos que pueden existir y afectar su bienestar y que son prioridad del Estado.
Conoce qué podemos hacer ante el corto tiempo que se nos otorga para cumplir con la presentación o entrega de documentos ante cualquier fiscalización de la Sunat.
Sin embargo, la empresa de transporte podrá seguir operando normalmente, según representante de Indecopi
Vecinos denunciaron que personal de fiscalización golpeó a la vendedora para quitarle sus productos y la dejaron sangrando. En tanto, desde la Municipalidad de Santiago de Surco explicaron que la señora se cayó y se golpeó la cabeza.
Jorge Rodríguez, el único regidor provincial electo del partido de la antorcha para el periodo 2019-2022, indica que "no será un opositor destructivo" con el oficialismo.
Consejo no puede reunirse por falta de quorum debido a que el organismo electoral no entrega credenciales a siete accesitarios que deben reemplazar a consejeros que pidieron licencia.
En un operativo se encontró inconsistencia entre el número de trabajadores inscritos en la planilla y el número de locadores registrados. Se calcula que existe una gran cantidad de personas que estarían operando en situación de informalidad laboral.
“Si hay irregularidades, Ocma tomará las medidas correspondientes”, señala el coordinador del grupo de trabajo, el juez supremo José Lecaros.
Contralor destacó que este logro permitirá mejorar la vigilancia sobre el buen uso de los recursos del Estado. La meta de la institución antes del fin de setiembre es tener todas las oficinas de control de todas las provincias del Perú con funcionarios propios.
