Indicó que le informó de estos hechos al presidente Alan García, no precisamente cuando fue convocado para asumir el cargo de ministerio de Vivienda.
El ministro de Vivienda, Francis Allison, confirmó que prestó servicios jurídicos a la empresa Business Track (BTR), investigada por el caso de los "petroaudios", y aclaró que su trabajo duró un año, 12 meses de corrido.
"Yo hacía consultoría jurídica externa, informes tributarios, laborales, administrativos, según lo que se vaya presentando. No fueron siete meses sino 12. Cobré cerca de dos mil 800 dólares mensuales. Fue una relación de 12 meses que acabó en ese tiempo, según lo establecido en un pacto previo y acabó antes de conocerse algún hecho extraño", explicó.
Allison Oyague indicó que no le comunicó este hecho al presidente Alan García en el tiempo que fue convocado para ser ministro de Vivienda, pero posteriormente lo hizo antes de que la prensa informara esta situación.
"No, obviamente en ese momento no (le informé) porque no lo consideré relevante, pero el presidente lo sabe ahora y no hay problema. No ahora, por la prensa, obviamente se lo manifesté en algún momento. Le demostré con documentos la transparencia de esto", precisó en una entrevista televisiva.
Defendió sus servicios para Business Track, a los que calificó de "transparentes", en una empresa que era vista, según dijo, por todos como "legal".
"Esa empresa era legal, transparente para todo el mundo, para el Perú era legal. Brindaba servicios a grandes empresas privadas (..) tenía clientes del Estado como la Contraloría General de la República, para el Congreso y cinco municipalidades", argumentó.
Asimismo descartó que haya habido incompatibilidad legal con su trabajo de alcalde de Magdalena, "porque la ley dice que el alcalde tiene trabajo de tiempo completo pero no dedicación exclusiva. Con lo cual si te queda tiempo más allá de la jornada laboral puede dedicar algún momento de tu vida a hacer otra actividad".
"Mi pregunta es, si este juicio tiene un año (por caso petroaudios), nadie me ha nombrado. Basta que empecemos a reconstruir el sur y comienzan a salir ataques", cuestionó, al referir que el tiempo que prestó servicios como abogado a BTR tuvo contacto solo con Carlos Tomasio de Lamberri, marino procesado por presunto espionaje telefónico.
"Yo hacía consultoría jurídica externa, informes tributarios, laborales, administrativos, según lo que se vaya presentando. No fueron siete meses sino 12. Cobré cerca de dos mil 800 dólares mensuales. Fue una relación de 12 meses que acabó en ese tiempo, según lo establecido en un pacto previo y acabó antes de conocerse algún hecho extraño", explicó.
Allison Oyague indicó que no le comunicó este hecho al presidente Alan García en el tiempo que fue convocado para ser ministro de Vivienda, pero posteriormente lo hizo antes de que la prensa informara esta situación.
"No, obviamente en ese momento no (le informé) porque no lo consideré relevante, pero el presidente lo sabe ahora y no hay problema. No ahora, por la prensa, obviamente se lo manifesté en algún momento. Le demostré con documentos la transparencia de esto", precisó en una entrevista televisiva.
Defendió sus servicios para Business Track, a los que calificó de "transparentes", en una empresa que era vista, según dijo, por todos como "legal".
"Esa empresa era legal, transparente para todo el mundo, para el Perú era legal. Brindaba servicios a grandes empresas privadas (..) tenía clientes del Estado como la Contraloría General de la República, para el Congreso y cinco municipalidades", argumentó.
Asimismo descartó que haya habido incompatibilidad legal con su trabajo de alcalde de Magdalena, "porque la ley dice que el alcalde tiene trabajo de tiempo completo pero no dedicación exclusiva. Con lo cual si te queda tiempo más allá de la jornada laboral puede dedicar algún momento de tu vida a hacer otra actividad".
"Mi pregunta es, si este juicio tiene un año (por caso petroaudios), nadie me ha nombrado. Basta que empecemos a reconstruir el sur y comienzan a salir ataques", cuestionó, al referir que el tiempo que prestó servicios como abogado a BTR tuvo contacto solo con Carlos Tomasio de Lamberri, marino procesado por presunto espionaje telefónico.
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