Gabinete, Odebrecht, Ecuador [COLUMNA]

El presidente Martín Vizcarra tomó juramento al nuevo gabinete que legislará por decretos de urgencia hasta que se instale el próximo Congreso. Subsiste sin embargo la polémica generada por la disolución.

Los ministros del nuevo gabinete juraron este jueves. | Fuente: PCM

El presidente Martín Vizcarra tomó juramento a los miembros del gabinete, en el que destacan ocho nuevos ministros y el retorno de dos que habían dejado el cargo. En el primer caso se hallan el canciller Gustavo Meza-Cuadra, la ministra de Economía María Antonieta Alva, el ministro de Cultura Francisco Petrozzi, el de Defensa, la de Justicia, el de Minas, el de Vivienda y el de Agricultura. Los dos que regresan son el de Transportes, Edmer Trujillo y el del Midis, Jorge Meléndez. Aunque hay cuatro ministros que fueron congresistas hasta el lunes, se trata de funcionarios que no tienen un perfil político y con la excepción de Gloria Montenegro, que no pertenecen a partidos. Mientras no se elija al nuevo Congreso, el gobierno legislará por decretos de urgencia, que serán recibidos por la Comisión Permanente y revisados por el futuro Parlamento. Por lo pronto, el gobierno tendrá que aprobar el presupuesto que él mismo elaboró. Algunos proyectos de ley deberán ser convertidos rápidamente en decretos de urgencia, como la llamada Ley del Libro, puesto que su régimen de exoneración tributaria vence este mismo mes.

Pese a la consolidación del Ejecutivo, persisten los cuestionamientos de la oposición, de algunos juristas y de personalidades de diferentes horizontes políticos. Vizcarra sin embargo recibió el respaldo de Estados Unidos y más entusiastamente el de Argentina. Su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones en enero ha sido aprobada en diversos comunicados, entre los que destaca el firmado en conjunto por tres de las mejores universidades: la Católica, el Pacífico y la Ruiz de Montoya. Los excandidatos presidenciales Julio Guzmán y Verónica Mendoza respaldaron la acción de Vizcarra, mientras que Alfredo Barnechea la calificó de ilegal e inconstitucional. Por su parte el alcalde de Lima Jorge Muñoz sostuvo que ahora se puede retomar la idea original de Vizcarra que fue archivada por el Congreso: la de convocar a elecciones generales anticipadas.

Persiste también el caso de Gonzalo Ortiz de Zevallos, cuya elección en el Pleno del pasado lunes precipitó la disolución del Congreso. El abogado solicitó ser incorporado al Tribunal Constitucional a la brevedad posible y sin más trámite. Al parecer, sus pretendidos méritos jurídicos no le han servido para evitar la precipitación ni para reconocer los cuestionamientos que  hay sobre el procedimiento electoral, así como la no publicación en El Peruano.

La otra variable de la crisis sigue pendiente: la lucha contra la corrupción y en concreto las confesiones de los ejecutivos brasileños de Odebrecht. Reiteraron que se hizo pagos ilegales al ex primer ministro César Villanueva, pero no han revelado todavía la identidad de todos los seudónimos. Y en esas circunstancias, un banco estatal brasileño solicita que la empresa Odebrecht sea considerada en quiebra, lo que, de confirmarse, podría comprometer su colaboración con la Fiscalía. Sobre todo, porque la Justicia peruana aún no ha decidido si se debe pagar a Odebrecht lo que le corresponde por la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla.

Otro aspecto en debate es la repercusión de la incertidumbre política sobre la evolución económica. Algunos temen que las agencias de calificación financiera puedan rebajar los indicadores de riesgo. Otros sostienen que las perspectivas de un gobierno sin obstrucción pueden resultar favorables. Destacan también la tasa de crecimiento que se alcanzó en agosto: 4.4%.

En cualquier caso, la situación en Ecuador debe servirnos para recordar adónde llevan las políticas populistas. El presidente Lenin Moreno ha proclamado el estado de excepción para hacer frente a las protestas desencadenadas por la fuerte alza del precio de los carburantes.

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