El expresidente de la República, Ollanta Humala, se pronunció este domingo respecto de la situación política del país y aseguró que actualmente se vive un clima de inestabilidad, debido al constante enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Humala explicó que el Parlamento se encarga de ejecutar políticas porque cuenta con una fuerza mayoritaria que tiene presidencia en comisiones. Agregó que ante esta situación, el gobierno queda relegado y no puede plasmar su plan de trabajo.
“Hay una inestabilidad producto de la desproporción y de la pérdida del equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (…) El Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso y no maneja la Mesa Directiva y menos la Comisión de Presupuesto, que es donde se plasma su propuesta política, por tanto el Congreso es el primer poder y maneja el país”, dijo en entrevista con Cuarto Poder.
Mayor control
Ante esta situación, el expresidente sugirió al Gobierno de Martín Vizcarra que solicite la presidencia de ese grupo de trabajo para poder ejecutar y darle más estabilidad al país. Dijo además que así habría más control y predictibilidad en materia económica.
“Creo que en gestas se avanza en política y manejar la comisión de Presupuesto por donde pasará la ley de presupuesto para el próximo año es fundamental para plasmar las políticas del Ejecutivo en realidad”.
Vizcarra y manejo del caso Odebrecht
Respecto de la situación del presidente Martín Vizcarra, Humala consideró que podrá continuar con su Gobierno si es que continúa el buen trabajo que realizaron sus antecesores. “Yo le recomendaría la máxima que señala que lo bueno debe continuar. Es decir debe continuar las reformas que iniciamos en nuestro Gobierno y los megaproyectos”.
Mencionó algunos de los proyectos que inició durante su Gobierno y ante la consulta de qué hacer con los que fueron manchados por el tema Odebrecht, el expresidente dijo que este caso fue manejado mal por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Según comentó, el Gobierno debió intervenir los activos de las empresas involucradas en actos de corrupción y licitarlas nuevamente para asegurar la cadena de pagos. Luego de esto se podría decidir los porcentajes de reparación civil y reconocimiento para el Estado.
