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Jefe del Inpe reconoce corrupción y alerta sobre hacinamiento de presos

Jefe del INPE advirtió, además, corrupción entre personal de seguridad penitenciaria.

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El presidente del Consejo Nacional Penitenciario de Perú, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció este miércoles la corrupción que existe entre el personal de seguridad penitenciaria y alertó del alto nivel de hacinamiento de los presos.

En una reunión con la prensa extranjera, Guadalupe admitió que los empleados penitenciarios son una de las mayores vías para el ingreso de artículos vetados en las prisiones, donde se han requisado 2.437 teléfonos móviles y hasta siete armas de fuego desde que ocupó su cargo hace siete meses.

Estos objetos se han decomisado entre una población de más de 55.500 presos, "que crece en mil cada mes", y que convive en unas prisiones cuya capacidad es para 24.300 reclusos, vigilados por un funcionariado de prisiones con un "déficit de 3.000 empleados penitenciarios".

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) atribuyó el aumento a "un incremento de la delincuencia en Latinoamérica tanto en número como en violencia", pero también a la nueva política del Gobierno peruano de infligir "más penas y menos beneficios penitenciarios", lo que conlleva "más presos por más tiempo".

También indicó que el nivel de reincidencia de los presos peruanos se sitúa alrededor del 30 % y destacó su preocupación porque el 20 % de los reclusos son por delitos sexuales, sólo superados por los robos y hurtos (35 %) y el tráfico de drogas (25 %).

Para solucionar estos problemas confía en "construir dos grandes prisiones por año, establecer planes piloto de reinserción en la sociedad con los reclusos primerizos y en contratar a mil empleados penitenciarios en los próximos meses, por lo que "hasta dentro de unos meses no se podrán comprobar los resultados de esta gestión".

Caso Antauro

Uno de esos teléfonos hallados en cárceles es el que Antauro Humala, hermano del presidente de Perú, Ollanta Humala, quien lo utilizaba en su celda de la prisión en la que se encuentra recluido por un levantamiento militar en 2005 contra el entonces presidente Alejandro Toledo en la provincia andina de Andahuaylas.

Guadalupe admitió que ese dispositivo electrónico "jamás fue entregado al INPE" y explicó que situó dos inhibidores de señal telefónica sobre su celda en la prisión Virgen de la Merced, "aunque eso no bloquea la señal de Internet", pero a su juicio, "esa prisión es más segura al tener menos reclusos y menos empleados".

Asimismo lamentó que no pueda sancionar a Antauro por fumar marihuana dentro de la cárcel, tal y como se difundió en un vídeo esta semana, "ya que esa falta fue hace casi un año y prescribe a los ocho meses, pero puede haberlo hecho más veces y quizás aparezca otro vídeo más reciente con el que se le pueda sancionar".

EFE 

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