Asimismo, el alcalde de Lima se volvió a mostrar a favor de la reestructuración de la Fiscalía y el Poder Judicial.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga señaló que las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte deben seguir su curso en el Congreso de la República.
Asimismo, el burgomaestre capitalino se volvió a mostrar a favor de la restructuración de la Fiscalía y el Poder Judicial.
“Que siga su curso, pero también, más que los problemas políticos que pueda haber entre la Fiscalía y la presidenta, a mí me preocupa que la Fiscalía libere asesinos, libere delincuentes teniéndonos al frente. De una buena vez, [se debe] reestructurar la Fiscalía y el Poder Judicial y dotar a todo lo que es la investigación”, expresó el alcalde durante un evento oficial en Los Olivos.
Las denuncias constitucionales de la Fiscalía contra Dina Boluarte
La Fiscalía presentó ante el Congreso cinco denuncias constitucionales contra la presidenta, Dina Boluarte Zegarra, en menos de 48 horas.
El Ministerio Público interpuso este viernes, 16 de mayo, tres de ellas vinculadas con los siguientes casos: las cirugías estéticas a las que se sometió en junio de 2023 (presuntos delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo); la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, en el vehículo presidencial en febrero de 2024 (supuesta comisión del delito de encubrimiento personal); y los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos.
Un día antes, el jueves, la Fiscalía informó que presentó otras dos denuncias: una por el caso Qali Warma (presunto delito de colusión agravada) y la otra por las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Puno, Cusco, así como en la provincia de Lima (presuntos delitos de lesiones leves y graves).
Además de estos cinco procedimientos, el organismo público interpuso anteriormente otras cuatro denuncias constitucionales: dos por las muerte y heridos en el contexto de las protestas sociales, una tercera por la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y la última por el presunto delito de cohecho pasivo impropio (caso Rolex).
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