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por Sergio Espinoza
·El abogado Eduardo Roy Gates señaló que será clave el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que deberá definir si un presidente puede ser investigado durante su mandato.
La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de lesiones “leves” y “graves” durante las protestas antigubernamentales, que se registraron tras su asunción al poder en diciembre de 2022 e inicios de 2023.
La acusación constitucional también alcanza a Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros; Alberto Otárola, exministro de Defensa y exjefe del Gabinete Ministerial; César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior; y Jorge Chávez, extitular de Defensa.
“La imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023, en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana”, se lee en el post del Ministerio Público en X (antes Twitter).
La institución, liderada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, precisó que se ha identificado a 75 víctimas por el uso “excesivo” y “desproporcionado” de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la Fiscalía, Boluarte Zegarra y sus exministros tenían “pleno conocimiento” del accionar de las fuerzas del orden durante las movilizaciones sociales.
¿Presidenta Dina Boluarte puede ser acusada mientras ejerce el cargo?
El abogado especialista en derecho penal Eduardo Roy Gates dijo ser consciente de los “anticuerpos” y las polémicas que rodean a Dina Boluarte; sin embargo, ratificó que un presidente en funciones tiene una inmunidad relativa y temporal, por lo que no puede ser investigado durante el ejercicio de su cargo, según establece el artículo 117 de la Constitución.
Y es que la Carta Magna señala que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso de manera arbitraria; y por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros organismos del sistema electoral.
Por ende, Roy Gates alegó que la causal de lesiones graves y leves no está contemplada en la Constitución, por lo que – a su criterio – correspondería que el Congreso archive la denuncia constitucional. No obstante, ello no implica que la mandataria pueda ser investigada después de que culmine su mandato, en julio de 2026.
Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022, el mismo día en que Pedro Castillo fue vacado por su intento de golpe de Estado. Fuente: Presidencia
“Esto no significa una impunidad para el presidente de la República. Es una inmunidad temporalmente. Por ejemplo, los plazos de prescripción para los delitos se tienen que suspender durante ese tiempo en que el presidente no puede ser investigado”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.
Pronunciamiento del TC será clave
Cabe precisar que el Tribunal Constitucional se pronunciará a fines de mayo sobre la demanda competencial planteada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de establecer si la mandataria puede ser investigada mientras ejerce el cargo.
Roy Gates señaló que el pronunciamiento del colegiado será clave para definir si se archivan las denuncias constitucionales contra la jefa de Estado.
“Por eso, el Ministerio Público ha presentado su denuncia de una vez para, entiendo yo, dar el mensaje que ya cumplió con la denuncia y ahora está en la cancha del Congreso”, acotó.
Por su parte, el abogado penalista Julio Rodríguez Delgado consideró que este tipo de denuncias buscan “trastocar” el rol presidencial. Según su opinión sobre el caso de las protestas, un mandatario no es “responsable” de los planes operativos durante estas movilizaciones, sino los ministros de Estado.
“A mí me parece que eso es un despropósito absoluto. Ahí los responsables, en primer lugar, si son responsables penales o no, tendrá que investigarse en detalle, son los ministros; no es de ninguna manera el presidente”, acotó.
A decir de Rodríguez Delgado, esta denuncia constitucional será evaluada por el Congreso y, además, un parlamentario se encargará de realizar un informe; empero, “no podrá hacerse más nada” hasta que Boluarte Zegarra termine su mandato.
Eso sí, los especialistas coincidieron en que los ministro sí podrían ser investigados en caso se apruebe la denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, puesto que ellos no cuentan con inmunidad.
Las protestas antigubernamentales dejaron un saldo de más de 60 fallecidos. Fuente: RPP
Especialistas coinciden en que será complicado probar omisión
En otro momento, el abogado Julio Rodríguez dijo que la imputación de delitos “leves” y “graves” tiene una valla “extremadamente alta”, por lo que, según consideró, será complicado que la Fiscalía pueda acreditar estos cargos.
“En la práctica muy complicado que la Fiscalía lo pueda acreditar, porque tendríamos que estar en el caso en donde ministros y presidente lo que hicieron fue no cumplir con sus prerrogativas, buscando la muerte y las lesiones de esas personas”, indicó.
A su turno, Roy Gates coincidió con su colega y señaló que, técnicamente, el Ministerio Público ha imputado los presuntos delitos de lesiones leves y graves, pero no por acción, sino por omisión.
“Para cometer un delito en comisión por omisión, uno debe tener una posición de garante. El ejemplo más claro, un padre que ve que su hijo cae de una piscina y que no sabe nadar, y el padre no hace nada, el niño se muere. El padre comete un delito de homicidio agravado, ¿por qué? Simplemente porque él tenía la posición de garante respecto de su hijo”, ejemplificó.
“Se puede generar una lesión, un daño a otra persona sin hacer nada, pero para eso yo debo tener una posición de garante. Esa es la estructura que ha planteado la Fiscalía, no solamente para la presidenta Dina Boluarte, sino también para los ministros, que es algo sumamente complicado de probar”, finiquitó.
Además de la imputación por los heridos en las protestas, la Fiscalía de la Nación presentó otra denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte, en su condición de exministra de Desarrollo e Inclusión Social, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, en el marco del caso ‘Qali Warma’.
La entidad precisó que Boluarte Zegarra, quien lideró esa cartera entre julio de 2021 y diciembre de 2022, se habría aprovechado su cargo para concertar con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de la infancia de su hermano Nicanor Boluarte, para contratarlo como proveedor de servicios del extinto programa de alimentación escolar.
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Sergio Espinoza Periodista
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