El procurador Miguel Ruiz ha solicitado al Ministerio Público que se investigue quiénes están detrás de esta construcción.
La Procuraduría Antiterrorismo a cargo de Miguel Ruiz presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue, como un acto de apología del terrorismo, la construcción de un mausoleo con 50 nichos utilizado para enterrar a miembros de Sendero Luminoso en el cementerio Mártires 19 de julio de Comas.
“Nos corresponde como Procuraduría hacer la denuncia para que se investigue y se encuentra a los responsables. Como peruanos rechazamos lo que hemos visto y nos indigna que estas personas se amparen en la libertad de expresión para hacer arengas a Sendero”, dijo Ruiz a la agencia Andina.
Origen de la denuncia. El viernes pasado, el diario Correo difundió un video grabado por la Policía Nacional el 19 de junio. En él aparece una decena de personas en el entierro de Carlos Aponte Silva, uno de los senderitos muertos durante el motín en el penal de la isla El Frontón en 1986.
El medio dijo que el 7 de agosto se realizó una ceremonia en el mismo lugar y se enterraron los cuerpos de otros siete senderistas fallecidos en la toma de la prisión, que días antes habían sido entregados por el Ministerio Público a sus familiares. Ambos entierros fueron organizados por la denominada Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (Afadevig).
Historia de sangre. El 18 de junio de 1986, cientos de presos se amotinaron en la cárcel de la isla El Frontón, frente al puerto de El Callao. El Gobierno del presidente aprista Alan García ordenó a un grupo especial de la Marina de Guerra recuperar ese mismo día el control de las instalaciones. Durante la operación murieron 3 marinos y 118 reclusos, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Muchos de los presos estaban acusados o sentenciados por pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso, pero el documento no precisa el número.
El Ministerio Público ha realizado tres entregas de cuerpos a los familiares de los reclusos y tiene programado una cuarta. La mayoría de los fallecidos fueron enterrados en fosas comunes clandestinas. Algunos han sido recuperados, pero no todos identificados.
El alcalde de Comas, Miguel Saldaña, negó haber autorizado la edificación del mausoleo o que haya dado facilidades a alguna organización terrorista. La presidenta de la Segunda Fiscalía Superior Penal, Luz Ibáñez, confirmó el inicio de una investigación para determinar las condiciones del mausoleo y para encontrar a los responsables de su construcción.
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