Lo que significa destruir una ambulancia [COLUMNA]

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En principio es solo por azar que nuestro país alcanza la cifra de un millón de contagiados en momentos en que el clima de descontento y protesta llega a su mayor intensidad. Puede ser azar, pero nada impide suponer que la pandemia exacerba las razones del descontento y que al mismo tiempo el descontento dificulta la disciplina y favorece la exposición al contagio. Lo que es seguro es que como país hemos hecho todo lo que no era recomendable hacer en período de emergencia y bajo el impacto de la grave caída económica producida por la pandemia.

Lejos de promover la unidad frente a un enemigo sanitario que nos amenaza a todos, el Congreso optó por una vacancia presidencial que no podía sino llevar a lo que luego vimos: rechazo a un gobierno percibido como usurpador, manifestaciones multitudinarias, violencia y muertes. En ese contexto nacieron las manifestaciones de trabajadores agrarios que pusieron de manifiesto el descontento que germinaba en las regiones de mayor productividad rural: Ica y La Libertad.

El Congreso se precipitó a derogar la ley de Promoción Agraria, pero no ha podido proponer una alternativa que satisfaga tanto los criterios remunerativos y laborales, como las exigencias de viabilidad empresarial. Las empresas no son sostenibles si sus trabajadores no son tratados dignamente, y los trabajadores no tienen un empleo garantizado si las empresas no son viables. Los viejos esquemas de izquierda y derecha no sirven en las actuales circunstancias. Lo que sirve es el respeto a la dignidad de las personas y la ubicación en la realidad del mundo tal como es, competitivo, globalizado y voraz.

La expresión mayor de nuestro doble fracaso, sanitario e institucional, es el ataque contra una ambulancia del Ministerio de Salud utilizada para trasladar enfermos del hospital Santa María del Socorro de Ica. Ninguna razón puede justificar la destrucción de un símbolo de la acción sanitaria ni los golpes propinados a su conductor.

No poseemos todavía informaciones precisas, pero voceros de todos los sectores hablan de infiltrados que quieren disfrazar sus intereses tras las protestas y los bloqueos de carreteras: enemigos de Sagasti, seguidores de Movadef, partidarios de Antauro Humala, agentes del narcotráfico, “pescadores que buscan ganar a río revuelto”. Lo claro es que estamos perdiendo el sentido de la moderación y la capacidad de forjar consensos que obliguen a las partes a hacer concesiones. Si pudiera salir algo positivo de estos días de violencia y cólera sería sin duda la conciencia de lo frágil que es toda conquista y lo fácil que es acercarnos al abismo.

Ayer también venció el plazo de inscripción de las planchas presidenciales y las listas parlamentarias. Tenemos más candidatos que nunca en nuestra historia. En RPP preguntaremos a los 23 que postulan a la presidencia cómo piensan hacer para mejorar la salud, la educación y el empleo, cómo financiarán sus planes y qué garantías ofrecen de honestidad.

En medio de este panorama de enfrentamientos y bloqueos, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles, SENACE, nos aporta una buena noticia: la aprobación de lo que será la inversión en infraestructura más grande destinada a potenciar nuestras exportaciones. El SENACE aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental del futuro puerto de Chancay. El SENACE destaca la participación ciudadana para garantizar que la población “conozca el proyecto y brinde sus aportes”. Chancay no solo aliviará al congestionado Callao sino que se convertirá en uno de los puertos más importantes del mundo. Esperemos que la realización de la obra muestre que sí podemos implementar inversiones que generen empleo digno, respeten el medio ambiente e impidan que nuestro país se someta a sus peores pulsiones autodestructivas.

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