En RPP Noticias, parlamentarios dijeron esperar que el Estado cumpla con el plazo que se ha impuesto para reglamentar la ley, y destacaron que ahora será un ´actor y garante´ para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas.
El consenso entre todas las fuerzas políticas en el Congreso, que en la víspera aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Consulta Previa, ha sido destacado por sus representantes, que en los estudios de RPP Noticias explicaron algunos de los alcances de la norma.
El congresista de Fuerza 2011 Rolando Reátegui destacó que la consulta previa sea de carácter vinculante, e indicó que de no llegarse a acuerdos entre las partes, le toca al Estado "actuar con todas las herramientas legales existentes".
Señaló que, por su parte, los pueblos originarios pueden recurrir a la vía administrativa y a la parte jurisdiccional, es decir al cauce legal, para detener algún proyecto que ellos consideren que atenta contra sus intereses.
No obstante, advirtió que si el Estado y las comunidades indígenas no llegan a un acuerdo puede suscitarse un "entrampamiento" de las inversiones y el país puede perder "competitividad".
Reátegui saludó, sin embargo, que la ley aprobada es casi idéntica a lo que señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos Indígenas y originarios.
"Lo que estamos haciendo es matar las expectativas de violencia social", expresó el parlamentario, quien dijo esperar que el Ejecutivo tenga listo el reglamento de esta nueva ley en el plazo de 90 días que se ha fijado.
Por su parte, Marisol Pérez Tello de Alianza por el Gran Cambio destacó que de ahora en adelante el Estado se constituirá como "actor", para que la población indígena no vuelva a estar desemparada frente al poder económico de las empresas.
"Esta nueva ley lo que plantea es que el Estado sea el garante y conductor, es decir, que cumpla su rol, porque no solo tiene que respetar el derecho sino garantizar que este se dé", afirmó.
Advirtió que si bien la consulta previa va a generar un "retraso" a lo que ya está en curso, a largo plazo será muy "productiva" porque solo se concesionará cuando se aplique la norma.
Precisó que la ley refiere que el Estado también deberá consultar para legislar y para tomar medidas administrativas, a fin de evitar que se produzcan casos como el de la tragedia en Bagua, donde protestaban no por la consulta sino porque rechazaban la legislación.
A su turno, el representante de Gana Perú Eduardo Nayap, en su condición de primer representante nativo, expresó la satisfacción del pueblo indígena por la votación unánime en el Parlamento para la aprobación de la consulta previa.
A su juicio no ha habido consulta previa hasta el momento, salvo una “información” de la actividad del Estado en sus territorios.
Remarcó que recién en adelante habrá lineamientos legales que permitirán el acercamiento y diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas.
Sostuvo que esto es un ejercicio democrático que, además, debería extenderse a todas las regiones del país.
"La aprobación de esta ley es algo que el Estado le debía al país desde hace 16 años", apuntó.
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