Los mercados votan contra el financiamiento oculto [COLUMNA]

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Estamos viviendo un momento político marcado por dos procesos judiciales que tendrán consecuencias sobre la lucha contra la corrupción: el Habeas Corpus a favor de Keiko Fujimori ante el Tribunal Constitucional y la apelación contra la prisión preventiva impuesta a 14 árbitros de contenciosos entre la empresa Odebrecht y el Estado. En ambos casos, lo que está en juego es el movimiento oculto de dinero para favorecer organizaciones políticas o intereses privados. El caso de Keiko Fujimori ha pasado por tres instancias de Justicia ordinaria antes de llegar al Tribunal Constitucional. El presidente Ernesto Blume ha presentado ayer a sus colegas su ponencia a favor del Habeas Corpus y ha hecho saber que no ha tomado en cuenta el documento fiscal con el testimonio reciente de Jorge Yoshiyama Sasaka. En el caso de los árbitros, la defensa argumenta que no habiendo criterios definidos sobre las remuneraciones, no está acreditado el cobro de comisiones ilegales.

Afirma también que el testimonio de Horacio Cánepa carece de credibilidad. En estas circunstancias y en pleno inicio de la campaña electoral, se han producido las declaraciones ante la Fiscalía de Dionisio Romero Paoletti. El presidente de Credicorp ha escrito también a los trabajadores de su empresa para justificar la donación a Fuerza Popular de 3 millones 600 mil dólares, invocando la amenaza de una victoria “chavista”. Esa misma razón justificaría el proceder oculto, porque según el Sr. Romero, en caso de derrota electoral, existía el riesgo de represalias contra los donantes. La derrota se produjo con el apoyo de liberales como Mario Vargas Llosa y no hubo “chavismo” ni represalias.

Tampoco hubo trabajo confiable de la Superintendencia de Banca y Seguros ni de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque nadie detectó el movimiento de fondos. La abogada Giuliana Loza y el actual Secretario General de Fuerza Popular, Luis Galarreta, han reconocido que ingresar ese dinero a la campaña suponía practicar el llamado “pitufeo”, así como una rendición falsa de cuentas ante la ONPE, pero consideran que se trataría solo de errores administrativos, eventualmente prescritos. Los mercados financieros no parecen compartir esa benevolencia, puesto que las acciones de Credicorp han caído tanto en la Bolsa de Lima como en la de Nueva York.

El TC y Julian Assange

Mientras tanto Pedro Olaechea ha vuelto a la carga con dos recursos ante el Tribunal Constitucional. Firmando esta vez como “Presidente del Poder Legislativo”, Olaechea pide a los Jueces constitucionales que revisen el rechazo a la medida cautelar y uno de los extremos del auto que admitió la demanda competencial.

Los electores que busquen formarse una opinión serena sobre el voto que deberán emitir el próximo 26 de enero, tendrán que esperar a que se disipen las actuales incertidumbres judiciales. Y sin duda votar a favor de los que nos aseguren reforma de la Justicia y lucha contra la corrupción.

Aunque los males ajenos no deben ser consuelo de gente sensata, es útil dar seguimiento a las desventuras judiciales de Julian Assange, uno de los “hackers” más célebres de la era digital. Vivió asilado en la embajada ecuatoriana de Londres durante siete años para evitar la extradición a Suecia, que lo quería juzgar por agresión sexual. Su verdadero temor era sin embargo ir a parar a Estados Unidos, donde lo espera una probable cadena perpetua por espionaje. Al término de nueve años de investigación, la Fiscalía sueca ha desestimado la denuncia. Pero Washington no. Esperemos que la suerte de Assange no termine por dar razón a lo que Francisco de Quevedo escribió hace 400 años: “Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.

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