La primera dama afirmó que con el protocolo del aborto terapéutico, el Gobierno devuelve, sobre todo a las mujeres más pobres del país, el derecho a decidir sobre su vida en caso de riesgo extremo.
La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, descartó este lunes que la guía técnica del aborto terapéutico, publicada por el Ministerio de Salud, sea una puerta abierta al aborto indiscriminado, al asegurar que el Estado defiende la vida siempre.
"Por eso solo en condiciones gravísimas, cuando la vida misma de la madre se expone si continúa un embarazo con indicación de interrupción terapéutica, la ley pone en primer lugar la vida de la mujer. Cualquier otra situación sigue siendo penada y nunca aplica por casos de malformación fetal", indicó en su cuenta de Facebook.
Según remarcó, con esta guía el Gobierno salda una deuda muy antigua y devuelve, sobre todo a las mujeres más pobres del país, usuarias de la salud pública, el derecho a decidir sobre su vida en caso de riesgo extremo.
"Muchos gobiernos anteriores pudieron hacerlo, pero tuvimos que esperar 90 años para tener la Guía técnica nacional para la despenalización del procedimiento de atención integral de las gestantes en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, que permitirá implementar en la salud pública una medida que es legal en el Perú desde 1924", añadió.
Heredia recordó que "no una, sino muchas veces, en las comunidades y centros de salud que he visitado por el país, he escuchado la historia de mujeres que no pudieron salvar su vida ante situaciones de esta gravedad".
De acuerdo con la Primera Dama, médicos y personal de salud pedían este protocolo para poder actuar cuando la interrupción del embarazo era la única forma de salvar la vida de la gestante.
"Nunca será una decisión fácil para una mujer, pero la decisión siempre será de ella, siempre voluntariamente y sobre todo, siempre bien informada. La ley también contempla que pueda libremente retroceder en su decisión", remarcó.
A su juicio, no habrá más estadísticas de muerte por falta de un protocolo.
"Aunque solo fueran 5, 10, o 20 mujeres al año, las que se encontraran en la grave situación de decidir interrumpir un embarazo como única salida para vivir o no ver dañada su salud de manera permanente, ahora podrán acceder al derecho a contar oportunamente con el diagnóstico médico, recibir la información completa y acompañamiento del sistema de salud, sin verse obligadas a recurrir a servicios clandestinos que pueden traerle más daño y hasta la muerte", refirió.
"Para el Gobierno de la inclusión social, cada una de nosotras cuenta. Se van restituyendo los derechos de las mujeres a decidir sobre sí mismas", concluyó.
ANDINA
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