El relator especial de la ONU para la protección de DDHH, Martín Scheinin, dijo que el decreto 1097 da la impresión que fue preparado para casos particulares o grupos particulares de personas.
El relator especial de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martín Scheinin, expresó que el reciente decreto legislativo 1097 relativo a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú por militares y policías representa "un clima de impunidad".
"Yo creo que es una de las tendencias dentro de la sociedad peruana y en ciertos círculos de las autoridades peruanas", dijo en una rueda de prensa al culminar una visita a Perú que se inició el 1 de septiembre.
Asimismo, destacó los avances en Perú tanto en el enjuiciamiento a la cúpula de Sendero Luminoso tras los años del terrorismo (1980-2000), como al ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dos matanzas y dos secuestros cometidos durante su régimen, así como los planes de reparaciones para las víctimas del conflicto interno.
Sin embargo insistió que en que el decreto 1097 daría la impresión de que fue "preparado para casos particulares o grupos particulares de personas".
También enfatizó su preocupación por las divisiones "claras" en Perú con respecto a si se debe seguir enjuiciando a los militares y policías por violaciones a los derechos humanos o simplemente poner estos procesos "debajo de la alfombra, lo que sería equivalente a la impunidad".
Scheinin además criticó el decreto legislativo 1095 sobre el uso de la fuerza en Perú, una ley que consideró podría tener "consecuencias adversas para los derechos humanos" porque la definición de "grupos hostiles" es muy amplia y "podría abarcar a movimientos de protesta social que no llevan armas de fuego consigo".
Detalló que visitó varios penales del país, donde conoció los casos, por ejemplo, de dos líderes indígenas en detención preventiva por delitos de terrorismo, "aunque pareciera que solamente estaban manifestándose de manera pacífica las reclamaciones legítimas de sus comunidades", además de 25 activistas que se oponían a proyectos mineros en el norte de Perú.
EFE
"Yo creo que es una de las tendencias dentro de la sociedad peruana y en ciertos círculos de las autoridades peruanas", dijo en una rueda de prensa al culminar una visita a Perú que se inició el 1 de septiembre.
Asimismo, destacó los avances en Perú tanto en el enjuiciamiento a la cúpula de Sendero Luminoso tras los años del terrorismo (1980-2000), como al ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dos matanzas y dos secuestros cometidos durante su régimen, así como los planes de reparaciones para las víctimas del conflicto interno.
Sin embargo insistió que en que el decreto 1097 daría la impresión de que fue "preparado para casos particulares o grupos particulares de personas".
También enfatizó su preocupación por las divisiones "claras" en Perú con respecto a si se debe seguir enjuiciando a los militares y policías por violaciones a los derechos humanos o simplemente poner estos procesos "debajo de la alfombra, lo que sería equivalente a la impunidad".
Scheinin además criticó el decreto legislativo 1095 sobre el uso de la fuerza en Perú, una ley que consideró podría tener "consecuencias adversas para los derechos humanos" porque la definición de "grupos hostiles" es muy amplia y "podría abarcar a movimientos de protesta social que no llevan armas de fuego consigo".
Detalló que visitó varios penales del país, donde conoció los casos, por ejemplo, de dos líderes indígenas en detención preventiva por delitos de terrorismo, "aunque pareciera que solamente estaban manifestándose de manera pacífica las reclamaciones legítimas de sus comunidades", además de 25 activistas que se oponían a proyectos mineros en el norte de Perú.
EFE
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