El exfiscal José Antonio Peláez Bardales declaró, por más de tres horas, ante la comisión parlamentaria que investiga los presuntos actos de corrupción en el gobierno regional de Áncash, bajo la gestión de suspendido presidente, César Álvarez.
Informó sobre la actuación de los llamados "fiscales archivadores", bautizados así por la propia población, porque se dedicaban a archivar todas las denuncias dirigidas contra Álvarez, internado en un penal de Lima por su presunta implicancia en el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.
A su salida de la diligencia, el magistrado dijo que no podía adelantar cuántos son los fiscales involucrados en el archivamiento de las diversas denuncias contra la administración de la suspendida autoridad regional. "Cada carpeta debe ser revisada", anotó escuetamente.
Peláez aseguró que colaborará con las indagaciones y adelantó que entregará al grupo investigador unos documentos que le han solicitado, aunque no precisó de qué se trata. Tampoco señaló para cuándo podría volver a ser citado.
De otro lado, dijo que es competencia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidir si suspende o no al actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, por su actuación como fiscal supremo en los casos ‘La Centralita’ y Sánchez Paredes, tal y como lo ha solicitado el legislador Modesto Julca, de Perú Posible.
