Indicó que esa disposición se adoptaría de existir dudas respecto a la documentación presentada por el exgobernante.
La investigación preliminar al expresidente Alan García Pérez por presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado “no está atrasada” y de ser preciso se dispondrá el levantamiento de su secreto bancario, afirmó el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.
Indicó que esa disposición se adoptaría de existir dudas respecto a la documentación presentada por el exgobernante, quien es investigado preliminarmente, a propósito de la adquisición de una vivienda por 830,000 dólares, en el distrito limeño de Miraflores.
“Las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía también están avanzadas, hemos solicitado la confrontación (de los documentos) y que se nos comuniquen todas la entidades que de alguna u otra manera tienen que ver con el asunto para confrontar esos documentos y someterlos a la evaluación correspondiente”, declaró a Ideele Radio.
Respecto a la decisión de la comisión parlamentaria que investiga posibles actos de corrupción del régimen aprista de no levantarle el secreto bancario al exmandatario, Peláez señaló que el Ministerio Público no tendría ningún inconveniente en solicitarla, pues es una facultad del fiscal de la Nación.
“Si es que resulta preciso, por ejemplo, de existir algunas dudas respecto a la documentación presentada y confrontada, creo que no habría ningún inconveniente porque esa es una facultad del fiscal de la Nación y lo podemos hacer oportunamente”, anotó.
Recordó que García Pérez es investigado por la Fiscalía de la Nación dada su condición de expresidente, pues según la Constitución tiene una prerrogativa de antejuicio hasta cinco años después de su mandato.
Peláez rechazó cualquier tipo de vinculación con el APRA o alguna agrupación política y aseguró que sus actuaciones se apegan totalmente a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Comentó, en ese sentido, las expresiones del secretario general de Perú Posible, Luis Thais, quien sostuvo que el magistrado no debería seguir en el cargo por su incapacidad y "militancia aprista".
Asimismo, mencionó que la 48º Fiscalía investiga la adquisición de una residencia de más de tres millones de dólares realizada por la suegra del expresidente Alejandro Toledo, a mérito de una denuncia formulada por el procurador público.
ANDINA
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