En RPP, Andy Carrión tildó de “gravísima” la actuación del Parlamento con la “anuencia” del gobierno de Dina Boluarte.
El abogado penalista Andy Carrión criticó la Ley N.° 32181, que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia y que fue promulgada recientemente por el Ejecutivo, al señalar que constituye una “derogación dolosa” por parte del Congreso de la República.
Durante su intervención en Prueba de fuego de RPP TV, calificó de “gravísima” la actuación del Parlamento con la “anuencia” del gobierno de Dina Boluarte, y advirtió sobre las repercusiones negativas que esta medida tendrá en la lucha contra la criminalidad.
Carrión hizo referencia a la reciente liberación de diez personas investigadas por formar parte de la presunta organización criminal ‘Las hienas verdes’. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura anuló la medida de detención preliminar de 15 días que había dictado previamente el Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria de Huaura, amparándose en la nueva Ley N.° 32181.
“Esta ley no aporta en lo absoluto a la lucha contra el crimen; por el contrario, la debilita”, enfatizó Carrión Zenteno.
¿Se socava la lucha contra el crimen?
El abogado también cuestionó las recientes declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien aseguró que su sector evaluará la “pertinencia” de la norma y, en los próximos días, emitirá un informe para determinar si corresponde modificarla.
“Esto demuestra que el Ejecutivo es una mesa de partes del Congreso de la Republica. Y que todos los proyectos de ley que le envían, ya aprobados por el pleno, simplemente los firma y los promulga el día siguiente. ¿Por qué ese análisis que está señalando el ministro de Justicia no lo hicieron en su oportunidad?”, se preguntó Carrión.
En ese contexto, sugirió que la postura del ministro Arana Ysa responde a la creciente indignación pública generada por la ley. “Están admitiendo la negligencia de no revisar las normas que emite el Congreso”, refirió.
Además, el abogado criticó la Ley N.° 32182, que modifica la Carrera Fiscal y la Carrera Judicial. Esta legislación considera falta muy grave el hecho de “facilitar o proporcionar información reservada que, por su condición o cargo de fiscal, se conoce”.
Carrión consideró que esta normativa respondería a intereses particulares, señalando que alrededor del 70 % de los congresistas están siendo investigados por causas penales, lo que podría estar motivando la aprobación de leyes que los protejan.
“Este paquete de normas en realidad debilita la lucha contra el crimen”, concluyó Carrión.
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