Ambos casos, de acuerdo con Tejada, son precisamente las investigaciones que han generado mayor tensión política con el expresidente Alan García.
Las investigaciones por el caso de los “narcoindultos” y la presunta injerencia política en las investigaciones del caso Bussines Track (BTR), podrían concluir con responsabilidades a un “nivel más alto”, sostuvo hoy el presidente de la megacomisión, Sergio Tejada.
Ambos casos, de acuerdo con Tejada, son precisamente las investigaciones que han generado mayor tensión política con el expresidente Alan García, cuyo segundo gobierno se investiga, y en los líderes del Partido Aprista Peruano (PAP).
Las investigaciones por los casos Agua para todos, colegios emblemáticos y Sedapal, en tanto, podrían concluir, según el parlamentario, con responsabilidades a nivel de los funcionarios que condujeron estos programas y “pudieron haber obrado mal”.
Indicó que, pese a que recibe ataques en forma “permanente” de parte de los investigados, continuará con su trabajo porque se trata de un mandato conferido por el Pleno del Congreso y porque “es positivo para la democracia” que estas imputaciones se esclarezcan.
“Los miembros de la comisión, en la sesión pasada, me ratificaron en la presidencia y me dieron todo su apoyo, a pesar de las discrepancias que hay y que las manejamos en la comisión en forma democrática”, puntualizó el parlamentario en Radio Nacional.
Tejada comentó, asimismo, que se reunió con los fiscales que investigan la entrega de indultos y gracias presidenciales a sentenciados por narcotráfico, para coordinar qué tipo de información puede ser entregada a la defensa del expresidente García, citado al Congreso para el próximo 30 de octubre.
Los fiscales, precisó el legislador, pidieron mantener en reserva los testimonios obtenidos de los colaboradores eficaces para no entorpecer las investigaciones que realiza el Ministerio Público en el llamado caso de los “narcoindultos”.
El presidente de la megacomisión recordó, de otro lado, que este grupo de trabajo solo concluye formulando recomendaciones de denuncia, si hubiera lugar, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso o al Ministerio Público, sin formular denuncias penales.
Por esa razón, aseguró que es un “error” señalar que este tipo de investigaciones parlamentarias deben cumplir los procedimientos que se siguen en una indagación en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Si la investigación recomienda formular acusación constitucional, allí sí se debe respetar el debido proceso y se sigue todo un procedimiento”, advirtió el legislador.
ANDINA
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