El documento de la Santa Sede, señala que el episcopado peruano tiene el deber y derecho a participar directamente en la vida de la universidad a través Arzobispado de Lima, al que denomina 'Gran canciller'.
La Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede se pronunció sobre los estatutos presentados por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), los cuales deberán ser actualizados según el documento de 1991 que rige el funcionamiento de las universidades católicas en el mundo, publicado por el entonces Papa Juan Pablo II.
Según el Vaticano, el episcopado peruano tiene el deber y derecho a participar directamente en la vida de la universidad a través Arzobispado de Lima, al que denomina ‘Gran canciller’.
El artículo 4 del documento “Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Universidades Católicas” precisa las responsabilidades y competencias de las autoridades estudiantiles, que son compartidas con los miembros de la comunidad.
“La responsabilidad de mantener y fortalecer la identidad católica de la Universidad compete en primer lugar a la Universidad misma. Tal responsabilidad, aunque está encomendada principalmente a las Autoridades de la Universidad (incluidos, donde existan, el Gran Canciller y/o el Consejo de Administración, o un Organismo equivalente), es compartida también en medida diversa, por todos los miembros de la Comunidad, y exige por tanto, la contratación del personal universitario adecuado especialmente profesores y personal administrativo que esté dispuesto y capacitado para promover tal identidad”, señala.
“La identidad de la Universidad Católica va unida esencialmente a la calidad de los docentes y al respeto de la doctrina católica. Es responsabilidad de la autoridad competente vigilar sobre estas exigencias fundamentales, según las indicaciones del Código de Derecho Canónico”, agrega.
Indica que al momento del nombramiento, todos los profesores y personal administrativo deben ser informados de la identidad católica de la institución y de sus implicaciones, así como de su responsabilidad de promover o, al menos, respetar tal identidad.
Precisa que los profesores y el personal administrativo que pertenecen a otras religiones o no profesen ningún credo religioso, y todos los estudiantes, “tienen la obligación de reconocer y respetar el carácter católico de la Universidad”.
“Para no poner en peligro tal identidad católica de la Universidad o del Instituto Superior, evítese que los profesores no católicos constituyan una componente mayoritaria en el interior de la Institución, la cual es y debe permanecer católica”, establece.
Señala que la educación de los estudiantes debe integrar la dimensión académica y profesional con la formación en los principios morales y religiosos y con el estudio de la doctrina social de la Iglesia.
“El programa de estudio para cada una de las distintas profesiones debe incluir una adecuada formación ética en la profesión para la que dicho programa prepara. Además, se deberá ofrecer a todos los estudiantes la posibilidad de seguir cursos de doctrina católica”, sostiene.
La Universidad Católica en la Iglesia
Dictamina además que la universidad debe mantener la comunión con la Iglesia universal y con la Santa Sede.
“Todo obispo tiene la responsabilidad de promover la buena marcha de las universidades católicas en su diócesis, y tiene el derecho y el deber de vigilar para mantener y fortalecer su carácter católico. Si surgieran problemas acerca de tal requisito esencial, el obispo local tomará las medidas necesarias para resolverlos, de acuerdo con las autoridades académicas competentes y conforme a los procedimientos establecidos y -si fuera necesario- con la ayuda de la Santa Sede”, acota.
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