El jefe del Gabinete afirmó que se hará de todo para que los responsables vayan a la cárcel, ya que de lo contrario se sentaría un mal precedente.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, reafirmó que la muerte de un policía en la ciudad de la Oroya, durante el bloqueo de la carretera central por trabajadores de la minera Doe Run, no quedará de ninguna manera impune y se hará respetar con energía el principio jurídico del país.
Velásquez formuló estas declaraciones en el aeropuerto de Jauja poco antes de retornar a la ciudad de Lima, en donde saludo la decisión del Parlamento de aprobar el dictamen que eleva a 30 el número de meses para que Doe Run se ajuste a los requisitos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (Pama).
"El gobierno ha sido flexible, constituyó la comisión técnica y nadie puede negar que la empresa estuvo detrás de esto (se refiere a las acciones de violencia), porque ellos no cumplieron y ahora nos han querido empujar", dijo.
Refirió que para el gobierno hubiera sido fácil esperar el 31 de octubre y ante el incumpliendo autorizar el cierre de refinería; pero advirtió que una decisión de esa naturaleza debe estar siempre en el contexto de evaluar el impacto social.
"Por eso es que atendiendo el impacto decidimos constituir esta comisión técnica, la propuesta que elaboró se la hemos pasado al Congreso", dijo.
Explicó que el gobierno no podía modificar la Ley del Medio Ambiente porque al cambiarse los plazos del Pama se alteraba, precisamente, dicha norma. "Por eso pasamos el tema al Congreso y me alegro que la clase política se haya comprometido", dijo.
Precisó que no obstante la celeridad con la que se actuó hubo una irresponsable precipitación empujada por directivos de empresa con el apoyo del presidente regional (Vladimir Huaroc), y dirigentes de los trabajadores.
"Adelantaron una paralización injustificada, y en ese tema no vamos a transigir, vamos a asegurar que los responsables vayan a la cárcel, porque se sentaría un mal precedente si dejamos que aquellos que tratan de imponer mal las cosas salgan impunes", reiteró.
"La empresa instiga a los trabajadores y al presidente regional para que tomen medidas violentas, hay que respetar el orden jurídico. La Constitución le da al gobierno la herramienta que es la ley, no se puede seguir afectando a la policía y por eso vamos a exigir que los responsables de estas muertes no queden impunes", dijo.
Respecto al caso del ministro de Vivienda y Construcción, Velásquez Quesquén precisó que en la actualidad los ministros responden a un factor esencial que es el de la confianza, la misma que nunca ha estado en tela de juicio para el caso de Allison.
"Hay una incidencia que ha aparecido en los medios y él lo que ha hecho ayer es sustentar e informar a la fiscal levantando su secreto bancario, de tal manera que nunca estuvo en tela de juicio la confianza, el sigue en funciones y nosotros lo que hemos respaldado es el hecho que pida una investigación", enfatizó.
Aclaró que se respetan las opiniones vertidas sobre el tema pero indicó que el tema de la confianza tampoco estuvo en la agenda del gabinete.
"Consideramos que debe seguir trabajando y no es incompatible que frente a una imputación él se someta a investigación para que demuestre que su actuación como abogado fue legal", añadió.
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