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Con doce votos a favor y dos en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomendó archivar la denuncia constitucional que presentó el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra la mandataria y sus exministros.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside la parlamantaria María Acuña (Alianza para el Progreso), aprobó, este viernes, el informe final que recomendó archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros, por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre de 2022.
Con 12 votos a favor y dos en contra, el referido grupo de trabajo aprobó dicho informe que fue sustentado por el congresista José Jerí (Somos Perú) y que recomendó dejar sin efecto la denuncia presentada por el entonces fiscal de la nación interino Juan Carlos Villena por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves, los cuales también se imputaba a los exmiembros del Gabinete presidencial: Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Augusto Cervantes, Jorge Chávez, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Los votos a favor fueron de los legisladores de Fuerza Popular Martha Moyano, Nilza Chacón Trujillo, Víctor Flores Ruiz y Héctor Ventura Ángel; de Alianza para el Progreso María Acuña y Nelcy Heidinger; de Renovación Popular Esdras Medina y Milagros Jáuregui. Además, Jorge Montoya (Honor y Democracia), Elvis Vergara (Acción Popular), José Jerí (Somos Perú) y el no agrupado Segundo Quiroz.
Mientras que, en contra, votaron Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) y Pasión Dávila (Bancada Socialista).
Los argumentos
Durante la sustentación del informe final, el congresista José Jerí indicó que analizó "los documentos que sustentan esta denuncia, los descargos formulados por los denunciados, las declaraciones vertidas en las audiencias, así como los medios probatorios actuados durante la tramitación del procedimiento".
"Hemos podido determinar, también en base a los documentos presentados y la participación de la Fiscalía en las propias audiencias de este procedimiento parlamentario, que no se han presentado, a la fecha, elementos de convicción suficientes que acrediten fehacientemente, de manera indubitable y objetiva, la existencia de una conducta típica antijurídica y culpable atribuible a los denunciados", señaló.
"En ese sentido, no se ha identificado órdenes directas, actuaciones dolosas ni se ha demostrado un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados lesivos que se pudo evidenciar en ese periodo de tiempo. Por tanto, en atención a la falta de pruebas suficientes, la ausencia de elementos que configuren con claridad los tipos penales señalados, se recomienda el archivo de la denuncia, sin perjuicio -y quiero subrayar esto- de que el Ministerio Público continue con las investigaciones en el ámbito de sus competencias, a fin de establecer las eventuales responsabilidades individuales conforme a derecho", agregó.
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