En entrevista con RPP Noticias, el congresista del aprista defendió la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de declarar improcedente la denuncia que presentó el fiscal supremo Pablo Sánchez contra el exjuez.
El congresista Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista) se mostró de acuerdo con el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda declarar improcedente la denuncia que presentó el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde contra el exjuez César Hinostroza, el cual será debatido esta mañana.
En entrevista con Ampliación de Noticias, Velásquez Quesquén explicó que en este proceso "la formalidad es tan importante como el tema de fondo". En ese sentido, afirmó que quien planteó esta denuncia fue el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde y no la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como establece la Constitución.
"Mi apreciación es que se declare inadmisible, se devuelva, para que se haga bajo el mecanismo que establece la Constitución: que la fiscal de la Nación vuelva a presentar la denuncia porque esos son vicios que pueden acarrear la nulidad del proceso", señaló en RPP Noticias.
Por su parte, Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) recordó que cuando se formuló esta denuncia, el fiscal de la Nación era Pedro Chávarry, vinculado a Hinostroza y a la supuesta organización 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Por este motivo, calificó de "lógico" y "legal" que Pablo Sánchez, en su calidad de fiscal supremo, haya sustentado esta acusación.
"El fiscal de la Nación es el encargado de formular esas acusaciones, pero quien estaba en ese cargo es el acusado y, como no puede él mismo auto denunciarse, lo corresponde al siguiente (fiscal supremo). Yo no entiendo que se pretenda decir que como él (Chávarry) no se ha auto acusado, se va a anular el proceso. Es absurdo", dijo.
En respuesta, Velásquez Quesquén mencionó que los parlamentarios votan "a conciencia", pero, principalmente, "en el marco de la Constitución". Asimismo, señaló que el caso Hinostroza, quien se encuentra prófugo de la justicia en España y a la espera de ser extraditado, "no es culpa del Congreso, sino del Gobierno".
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