Columna | Decisiones judiciales y maniobras políticas

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La más directamente vinculada a la situación de la lideresa de Fuerza Popular fue tomada por el Poder Judicial, que rechazó el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori, su marido y su partido. Los imputados sostenían que la Fiscalía ha transgredido los plazos máximos para investigarla, pero la Corte Suprema rechazó sus argumentos. En consecuencia, la Fiscalía tiene ocho días de plazo para modificar la situación actual de detención preliminar y entrar a la etapa de investigación preparatoria que le permitiría solicitar a la justicia una detención de plazo mayor al actual de diez días.

También ayer se pronunció el Tribunal Constitucional sobre la llamada ley Mulder que prohíbe la difusión de la acción del Estado en medios de prensa privados. Los intérpretes de la Constitución decidieron por seis votos contra uno que esa prohibición vulnera el derecho fundamental a la información y el del Estado a dar a conocer su acción. La ley queda en consecuencia anulada, por lo que las campañas sobre salud, seguridad ciudadana, programas sociales o servicio militar podrán llevarse a cabo en todos los medios a nivel nacional o local. Quienes promovieron la ley han hecho explícita su aceptación de la sentencia y ahora anuncian lo que se les pidió desde el primer momento: regular pero no prohibir la facultad del Estado de contratar con los medios que juzgue adaptados para informar a los ciudadanos.

Polémica por leyes

El congresista Mauricio Mulder explicó que el objetivo de la ley era evitar el mal uso de fondos públicos y anunció que presentará otra ley, que además de regular el gasto en difusión, lo hará también con asesorías a las entidades públicas brindadas por abogados, especialistas y ONGs. Lo sorprendente en este caso es que la división entre los jueces (6 a favor una en contra) no tuvo que ver con la división entre los dos campos definidos en el Congreso: fujimoristas y apristas de un lado, las otras cinco bancadas del otro. De hecho, el único voto contra la anulación de la ley fue emitido por la magistrada Marianela Ledesma, conocida por su sensibilidad de izquierda.

Sin embargo, menos sensatez e igual precipitación parece haber inspirado la veloz aprobación de otra ley que ha sido materia de cuestionamientos e incluso del anuncio de una moción de censura contra la Mesa directiva del Congreso. Se trata de la llamada Ley de ejecución humanitaria de las penas, impulsada por la fujimorista Yeni Vilcatoma. La ley ofrece beneficios penitenciarios a personas de la tercera edad, por lo que se la ha asociado a Alberto Fujimori, que podría cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

¿Norma con nombre propio?

Los críticos de la ley sostienen precisamente que se trata de una ley con nombre propio, que además no ha llegado al Pleno siguiendo el curso reglamentario de las leyes. En efecto, la ley no ha sido fruto de un debate en la Comisión de Justicia, por lo que los congresistas han votado sin siquiera estar informados sobre el número de detenidos que podrían salir de las cárceles.

Otra iniciativa que ha merecido cuestionamientos es un proyecto de ley del APRA y de Fuerza Popular para formular diferentemente las preguntas que serán planteadas al pueblo vía referendo. Según Jorge del Castillo, se trata de neutralizar la voluntad del presidente Martín Vizcarra de “cerrar el Congreso”. Del Castillo afirmó incluso que se están repitiendo las condiciones que precedieron el golpe de Estado cometido por Alberto Fujimori en 1992. ¿Vizcarra es un dictador disfrazado? Algunos prosperan gritando que viene el lobo, pero todavía no sabemos con qué intenciones lo dicen.

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