El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, indicó que los altos índices de extorsión y sicariato que se registran en La Libertad responden al “fracaso de las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional”.
El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, aseguró que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, no tiene responsabilidad directa en la creciente ola de criminalidad que afecta a la región norteña, donde, recientemente, un atentado con explosivos en Trujillo dejó siete heridos y daños en más de 20 viviendas.
“El manejo de la seguridad ciudadana en el país es responsabilidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio del Interior (Mininte). Los gobiernos regionales lo que hacen es coadyuvar a esa tarea. En el caso de La Libertad, se han invertido más de 80 millones de soles y se han adquirido aparatos, equipos”, dijo durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.
Salhuana Cavides consideró que la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia responde a un “fracaso general de las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional”.
“Lo de ayer en Trujillo es totalmente inaceptable, censurable y creo que toda la sociedad tenemos que cerrar filas también en torno a la lucha contra la criminalidad”, señaló.
“[César Acuña] no ha tenido la conducción del país ni ha manejado el Ministerio del Interior o la Policía Nacional del Perú”
Eduardo Salhuana
¿Es viable declarar estado de sitio en La Libertad?
En ese sentido, el parlamentario advirtió que el déficit de efectivos policiales —“necesitamos 300 000 y solo hay 140 000”—, la corrupción en la institución y la falta de logística adecuada han debilitado la capacidad de respuesta del Estado.
“Si uno revisa la estadística, por ejemplo, ¿cuántos policías al año son dados de baja por procesos disciplinarios y casos de corrupción? No son cientos, son miles. Entonces, hay un problema de fondo”, dijo.
Eduardo Salhuana sostuvo que, frente a este “problema estructural”, se requiere declarar en emergencia a la Policía Nacional y proceder con una “reorganización completa y total” que fortalezca áreas clave como la inteligencia.
Sobre el pedido de César Acuña para instaurar un estado de sitio en la región, el legislador indicó que refleja “una voluntad política de tomar medidas severas y drásticas”, aunque dejó claro que su aplicación “tendría problemas de constitucionalidad y legalmente no correspondería”.