La denuncia constitucional incluye al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro del Interior, César Cervantes; al actual premier Alberto Otárola y al ministro de Justicia, José Tello
La congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y miembros de su primer Gabinete presidido por Pedro Angulo, a raíz de las muertes en el marco de las protestas que se registraron durante el pasado diciembre en varias regiones del país.
La denuncia fue interpuesta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y tiene dos componentes: el primero, por infracciones constitucionales y, el segundo, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves cuya responsabilidad recaería en el expremier Pedro Angulo; el exministro de Defensa, Alberto Otárola; y el exministro del Interior, César Cervantes.
Infracción constitucional
La denuncia por infracción a la Constitución fue presentada contra la jefa de Estado, y contra el expremier Pedro Angulo, Alberto Otárola en su condición de exministro de Defensa y actual premier, César Cervantes en calidad de exministro del Interior, y José Tello en calidad de ministro de Justicia.
Según la parlamentaria Luque, los denunciados habrían incurrido en la infracción de diversos artículos de la Carta Magna que debían regular el uso de sus atribuciones "en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares".
"Consideramos que la conducta en la que habrían incurrido (…) atenta, de forma evidente, contra lo dispuesto por los artículos 44 y 118, inciso 1 de la Constitución en conexión con los artículos 1 y diversos apartados del artículo 2 de la Constitución, con especial atención en lo referido a los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psicológica", indica el documento.
"Los denunciados, por su condición de presidenta, ministro del Interior, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros, están dentro del aparato del Estado en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares, por lo que las órdenes que emitan o dispongan serán de obligatorio cumplimiento por las personas que estén en esferas más bajas y por los propios agentes policiales y militares que ejecutaron el operativo”, agrega la congresista.
Investigación y sanción contra miembros de la Policía
Por otro lado, el último martes, la parlamentaria Luque presentó una solicitud a la Inspectoría General de la Policía Nacional para que se dé inicio al proceso de investigación y sanción contra "altos mandos de PNP por vulnerar Constitución Política y Ley de PNP en decisión política de “Marcha por la Paz”.
"La convocatoria a esta marcha por la paz por parte de la PNP es una clara infracción a la Constitución. La PNP tiene la expresa prohibición de no propiciar o convocar a marchas, movilizaciones o protestas, así como el no tener injerencia en asuntos políticos de la nación, lo cual podría considerarse una transgresión a no ser agente deliberante", señala la solicitud.
Según la congresista Luque, con la convocatoria a la "Marcha por la Paz" realizada por la Policía se habría vulnerado el artículo 34 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley de la Policía Nacional del Perú
Asimismo, la congresista de izquierda solicitó a la Comisión de Justicia del Congreso que se cite al ministro del Interior y funcionarios de la PNP para "que expliquen razones jurídicas de su convocatoria a Marcha por la Paz y si esta decisión tiene o no sustento constitucional".
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