El legislador Edward Málaga Trillo propone en su iniciativa modificar artículos de la Ley Orgánica de Elecciones para reducir el plazo de prohibición de encuestas antes de las votaciones y suprimir la obligatoriedad de la ley seca.
Congresistas de diversas bancadas rechazaron el proyecto de ley que presentó Edward Málaga que plantea reducir el plazo de prohibición de difusión de encuestas previo a las elecciones y eliminar la obligatoriedad de la ley seca.
El legislador Alex Flores, de la bancada Socialista, consideró que Málaga Trillo “está viviendo en una realidad paralela”. “En nuestro país hay asuntos tan importantes y urgentes que tratar como para debatiendo sobre la ley seca”, dijo, enfatizando que “llevar licor no es una urgencia primaria”.
Una opinión similar es la de su colega Alejandro Muñante, del grupo legislativo Renovación Popular, quien afirmó que la ley seca, hasta el momento, “es algo que ha funcionado”. “No creo que se haya demostrado su nula eficacia”, expresó.
La propuesta de Málaga pretende reformar el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que impone una prohibición general de venta de alcohol desde el día anterior hasta el día siguiente de las elecciones (conocida “ley seca”). De acuerdo con el congresista, para miles de bodegas, restaurantes y negocios familiares, la norma seca representa una caída directa de ingresos.
El parlamentario no agrupado propone que esta restricción se aplique solo de forma excepcional, mediante resolución justificada del JNE y con posibilidad de regulación complementaria por los gobiernos locales.
¿Publicar encuestas hasta 24 horas antes de la votación?
Flores también elevó el tono respecto a la posibilidad de que se permita publicar encuestas hasta 24 horas antes de las votaciones. “Sería muy peligroso de que se pueda emitir encuestas hasta un día antes. Esto podría ser manejado por los grupos de poder, de tal manera que habría una influencia que no garantizaría la imparcialidad y la transparencia”, expresó.
El proyecto de ley de Málaga indica que la prohibición de publicar encuestas desde una semana antes de las elecciones genera desinformación, filtraciones y circulación clandestina de datos y, además, constituye una afectación significativa al derecho constitucional a la libertad de información, expresión y prensa.
"Impide que el ciudadano acceda a información estratégica en una etapa crítica de decisión, limitando su autonomía como votante y desnaturalizando el sentido deliberativo de una campaña electoral democrática", se lee en el texto.
El proyecto propone permitir la difusión hasta 24 horas antes de la votación, pero exigiendo que las encuestas cumplan con estándares técnicos mínimos definidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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