Congreso: Comisión Permanente votará el miércoles 11 de enero denuncia contra Pedro Castillo y dos exministros

La Comisión Permanente del Congreso debatirá y pondrá al voto el próximo miércoles 11 de enero el informe final, emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), de la denuncia constitucional N.° 307 contra el expresidente Pedro Castillo, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por ser presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

La sesión será a las 11:00 a. m. según dio a conocer la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, quien indicó que la denuncia también comprende a Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, exministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente.

Antes, en el pleno del Congreso, a realizarse el martes 10, a las 10:00 a. m. se debatirá y pondrá en votación el informe final de las denuncias constitucionales N.° 284 y 286 en contra del congresista Freddy Díaz Monago.

El documento recomienda su inhabilitación por 10 años de la función pública por infracción constitucional de los artículos 39, 1 y 2 (numeral 1 y 24, literal h) de la Constitución.

Denuncias archivadas

La parlamentaria indicó que aún no se cuenta con la fecha programada por la Comisión Permanente para que se vea las denuncias 209 y 231 acumuladas, en contra de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.

Por otro lado, se aprobó en forma unánime las recomendaciones de los informes finales de seis denuncias constitucionales que recomiendan su improcedencia por no cumplir los requisitos exigidos, entre ellos que los denunciantes no sean los directamente afectados. Estas son:

• Formuladas por ciudadanos en contra del contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, por los presuntos delitos del ejercicio Ilegal de la profesión, nombramiento o aceptación ilegal y falsedad ideológica, tipificados en los artículos 363, 381 y 428 del Código Penal, respectivamente.
• Contra Henry José Ávila Herrera en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
• Contra exmagistrados del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narvaez, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Nuñez, Francisco Sardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por presunta comisión del delito de prevaricato.
• Contra varios magistrados, entre ellos el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por la posible comisión de los delitos de omisión de funciones, corrupción y abuso del poder.
• Contra el juez John Javier Paredes Salas y miembros de la Junta Nacional de Justicia, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, entre otros.
• Contra los exmagistrados del TC, Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón Taboada, Manuel Miranda Canales y Augusto Ferrero Costa y de Francisco Morales Saravia en su condición de presidente del Tribunal Constitucional, por la presunta comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Dio cuenta

Durante la sesión, la congresista Lady Camones dio cuenta de denuncias ingresadas a la subcomisión, entre ellas la formulada por el ciudadano Luis Carrasco García en contra del expresidente Manuel Merino por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

Así también el presentado por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) en contra del exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y la ex presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, por los presuntos delitos de organización criminal y patrocinio ilegal.

Además, la de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.