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Grupo parlamentario también aprobó acusar al exintegrante de desactivado CNM Guido Aguila por la presunta comisión del delito de organización criminal, al igual que el informe final en contra de Iván Noguera por el mismo delito.
La ampliación del número de integrantes de la Comisión Permanente se realizó por un pedido de las bancadas Nueva Constitución y Descentralización Democrática.
Con 108 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones se aprobó la resolución legislativa que delega facultades de legislar a la Comisión Permanente hasta el 31 de enero del 2021.
La congresista del Frente Amplio cuestionó la falta de voluntad de la Mesa Directiva para que sesione la Comisión Permanente sobre este y otros temas importantes. "Hay una omisión que llama la atención", lamentó.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá más tiempo para investigar y presentar su informe final respecto a las denuncias constitucionales contra el suspendido fiscal supremo y el excongresista Héctor Becerril, este último por la presunta comisión de los delitos de organización criminal.
“Son denuncias muy delicadas”, dijo la integrante de la Comisión Permanente, en su primer pronunciamiento tras la difusión de los chats que revelaron el presunto uso de su cargo para solicitar favores.
El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, detalló que la cantidad de informes aprobados son 32, informes desaprobados son 2 y sin acuerdos otros 2.
El presidente de la Comisión Permanente se refirió al cierre del Congreso dispuesto por el presidente Martín Vizcarra. No descartó integrar una plancha presidencial en el 2021.
La Comisión Permanente recomendó al próximo Congreso analizar este tema. Miguel Torres, a cargo de la sustentación del informe, cuestionó que el Gobierno utilice un Decreto de Urgencia para aprobar esta norma.
Luis Iberico asegura que se debe tratar el tema con cuidado para evitar actos de xenofobia, mientras que Karina Beteta pide la renuncia del ministro del Interior, Carlos Morán.
El anuncio del Ministerio del Interior ha causado polémica entre los políticos. “El problema es la incapacidad que tiene este Gobierno”, acusaron desde el fujimorismo.
La Comisión Permanente eligió por unanimidad al fujimorista como coordinador del grupo de trabajo encargado de evaluar el Decreto de Urgencia aprobado el pasado 28 de noviembre.
El legislador pidió licencia para postular en las elecciones de enero, pero igual estuvo en la sesión de hoy y hasta votó.
La Comisión Permanente revivió las imprecaciones y los excesos del Congreso disuelto. Los miembros fujimoristas interpretaron la constitución a su manera para cuestionar el acuerdo de la Fiscalía con la empresa Odebrecht.
En medio de la sesión en la que se revisaba los decretos de urgencia emitidos por el Gobierno, los fujimoristas Rosa Bartra, Luis Galarreta y Miguel Torres expresaron su preocupación por la devolución de dinero a la constructora brasilera.
En diálogo con RPP, el fujimorista aseguró que la Comisión Permanente, de la cual forma parte, "reemplaza al Pleno del Congreso". Por esta razón, consideró que el Ejecutivo debería presentar su Plan de Gobierno ante este grupo.
El Jefe de Estado aseguró que el Plan de Gobierno será presentado la próxima semana en Palacio. Además, insistió en el respeto a la decisión que tome el Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial.
En Enfoque de los Sábados, los experimentados políticos analizaron la actuación del gobierno de Martín Vizcarra y las consecuencias que se derivaron por el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo.
El presidente del Consejo de Ministros cuestionó que la Comisión Permanente aprobara la elaboración de un informe externo sobre su propio funcionamiento y la posibilidad de que se reactive la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Con votos de Fuerza Popular, APRA, Cambio 21 y Unidos por la República, la Comisión Permanente aprobó la elaboración de un informe técnico-legal respecto a su propio funcionamiento y, especificamente, el de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el período 2019-2020.
En la sesión, convocada por Pedro Olaechea, se debatió la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo 2019-2020. Al inicio de la jornada se pidió que se permita el ingreso de los congresistas accesitarios.
Ángel Neyra Olaychea también incluye al exjefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar, y a los ministros que lo acompañaron al Palacio Legislativo 30 de septiembre, día en que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento.
Polémico pedido. Un informe de la asesoría del grupo de trabajo parlamentario señala que este debe de continuar en funciones ya que es parte de la Comisión Permanente. El documento sostine que es necesaria su recomposición para realizar control político.
El magistrado de la Comisión de Venecia, Domingo Hernández, indicó a RPP Noticias que la resolución no es vinculante y solo abordará el escenario político anterior a la disolución del Congreso.
El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, descartó que fuese una imprudencia llevar a cabo la cuestionada elección de magistrados del Tribunal Constitucional, pues consideró que fue "una obligación" del Congreso.
Según la denuncia, el extitular del Congreso, Pedro Olaechea, y otros miembros de la Comisión Permanente habrían cometido un delito al aprobar presentar una demanda competencial y su correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que dirima sobre la situación política actual.
En diálogo con RPP Noticias, el magistrado Carlos Ramos negó haber adelantado opinión sobre la reciente disolución del Congreso. "Lo que yo he hecho, básicamente, es leer dispositivos legales", aclaró.
La congresista fujimorista, miembro de la Comisión Permanente, criticó que no se permita el ingreso al Parlamento a los legisladores accesitarios. "Denuncio que estamos siendo víctimas de una serie de atropellos", señaló.
El pronunciamiento de la Institución penitenciaria responde a una supuesta visita de excongresistas a Keiko Fujimori en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
La Policía que se encontraba resguardando el perímetro del Congreso solo permitió el ingreso de las congresistas titulares, mientras que los accesitarios tuvieron que quedarse afuera. Rosa Bartra y Karina Beteta señalaron que esta medida es orden del presidente Martín Vizcarra.
Carlos Ramos Núñez, miembro del Tribunal Constitucional, también señaló a RPP Noticias que hay una "polémica" porque la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado que no está del todo concluida.
Por primera vez desde que Martín Vizcarra disolvió el Congreso, la Comisión Permanente sesiona este miércoles en respuesta a una convocatoria de su presidente, Pedro Olaechea. En la previa, Mercedes Aráoz renunció a la vicepresidencia y a su rol como 'presidenta encargada', decisión que no es reconocida por el Ejecutivo.
La Comisión Permanente lleva a cabo su primera sesión este miércoles luego de que el presidente Martín Vizcarra dispuso la disolución del Congreso de la República.
Tras la primera sesión de la Comisión Permanente, Olaechea dijo que si hasta el momento el gobierno de Martín Vizcarra no ha sido capaz de presentar un gabinete de ministros es "por la sencilla razón de que juramentar significaría ser cómplice de la destrucción del orden constitucional".
Si bien el presidente Martín Vizcarra cerró el Parlamento, el Poder Legislativo no ha desaparecido completamente. Un grupo de 27 legisladores mantendrá funciones limitadas hasta que se instale un nuevo Congreso.
Los parlamentarios de Fuerza Popular y Frente Amplio protagonizaron un bochornoso enfrentamiento durante la sesión de la Comisión Permanente en la que se revisó la denuncia con el exfiscal de la Nación por el irregular deslacrado de una oficina del Ministerio Público.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) planteó una cuestión previa para que las denuncias archivadas por encubrimiento real y personal en contra del exfiscal de la Nación regresen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El congresista Oracio Pacori planteó una cuestión previa para que esta denuncia constitucional regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para un mayor debate. Sin embargo el pedido fue rechazado con votos de Fuerza Popular y el Apra.
El fiscal supremo negó ante la Comisión Permanente, que evalúa su destitución e inhabilitación, haber cometido algún delito. Además acusó al presidente Martín Vizcarra de no querer "que se sepan temas de corrupción".
Con 17 votos a favor, en su mayoría fujimorista, y 10 en contra, el grupo archivó la denuncia constitucional contra el congresista de Fuerza Popular.
