El Parlamento conformó una nueva comisión.
El Parlamento conformó una nueva comisión. | Fuente: Foto: Andina

El Congreso de la República eligió por unanimidad al legislador Leonardo Inga (AP) como presidente de la Comisión Especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastres COVID-19.

El pasado jueves 26, el Pleno del Congreso aprobó, con 70 votos a favor, la creación de este grupo destinado a evaluar las acciones tomadas por los tres niveles de gobierno contra la COVID-19, la misma que tendrá vigencia hasta el final del presente período parlamentario.

Se trata del texto sustitutorio que presentaron las bancadas de Podemos Perú (PP) y Acción Popular (AP) después de consensuar sus mociones (nros. 10652 y 10653, respectivamente), presentadas con antelación para consideración del Pleno.

La fórmula consensuada se logró luego de un breve cuarto intermedio, planteado por el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, después de la admisión de ambas nociones, con un amplio respaldo, a debate en el Pleno.

Durante el debate, el congresista Erwin Tito Ortega (FP) saludó la propuesta y reclamó por los derechos de los médicos, sus colegas de profesión, y la atención a otras enfermedades en el país, que también están cobrando víctimas, como es el caso del dengue.

El congresista Luis Castillo Oliva (PP) sustentó, en nombre de su bancada, la Moción Nro 10652 que proponía la conformación de una Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar y hacer seguimiento a los lineamientos que permitan mitigar los efectos de los impactos de la COVID-19.

En ese sentido, planteaba fomentar una mayor concientización de la problemática del coronavirus con el fin de formular las estrategias de prevención y lucha frontal; y realizar el seguimiento y evaluación de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo para combatir al coronavirus.

La moción nro. 10653, planteada por Rosario Eyzaguirre (AP), proponía la conformación de una Comisión Multipartidaria de Apoyo a las Acciones del Estado para combatir al COVID-19.

El objeto era facilitar las acciones del Poder Ejecutivo en las medidas dictadas; apoyar su ejecución; e investigar y fiscalizar el uso de los recursos de manera eficiente, asignados a las actividades para el cumplimiento del plan de acción-vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-19.

Asimismo, evaluar la relación de bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno y demás medidas adoptadas y que tome el Poder Ejecutivo para la prevención y contención de esta pandemia por el plazo de 90 días contados desde su instalación.