El Congreso evalúa un proyecto de ley para controlar a los medios de comunicación

Las personas sobre las que se haya dictado sentencia firme por delitos de corrupción no podrán ocupar cargos altos en medios de comunicación. Además, la ciudadanía deberá participar como observadora del tratamiento de la información que brindan los medios. Así lo propone la bancada de Fuerza Popular en un polémico proyecto de ley que ya se encuentra en trámite para un primer debate en la Comisión de Constitución del Congreso. 

La iniciativa legislativa se titula como “Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población” y, según su texto, tiene como objetivo garantizar el derecho a la “información objetiva, veraz, plural y oportuna”. Sus principales creadoras son las congresistas fujimoristas Alejandra Aramayo y Úrsula Letona. También lleva las firmas de los parlamentarios Héctor Becerril, Luis Galarreta, Rolando Reátegui y Milagros Takayama.

Restricciones. De ser aprobado en Comisión y luego en el Pleno del Congreso, las personas que hayan purgado condena por delitos contra la Administración Pública estarán prohibidos de tomar decisiones en la línea editorial de los medios. 

Esto quiere decir que no podrán ser directores periodísticos, editores ni productores. Así, mucho menos tendrán la posibilidad de ocupar puesto en los directorios como presidentes o miembros. Tampoco como accionistas, gerentes generales o apoderados. 

Estas restricciones se extienden a quienes tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público. En cuanto a la “veeduría ciudadana”, se sugiere al Ministerio de Transportes y Comunicaciones habilitar mecanismos para “el acceso de información ciudadana que permita garantizar el cumplimiento de la presente ley”.

Inconstitucional. En conversación con la multiplataforma de RPP Noticias, el abogado especialista en Derecho Constitucional, Roberto Pereira, advirtió que la medida no cumple con los estándares más obvios de la libertad de expresión.  “En nuestra Constitución, este derecho fundamental se extiende a la fundación o dirección de los medios. Es un proyecto absolutamente inconstitucional y desafortunado. Revela una ignorancia notable en torno a los alcances de la libertad de expresión en una sociedad democrática”. 

Además, dijo que la exclusión de ciertas personas a cargos de directorio no garantiza la objetividad en el tratamiento de la información. “No hay una relación conceptual ni directa en eso. Además, ¿por qué solo se creería que las personas condenadas por corrupción se parcializarían? ¿Por qué otros condenados por otros delitos no lo harían? Es absurdo”. 

Pereira también destacó el riesgo de incorporar en esta prohibición a las personas que son investigadas por el Ministerio Público. Desde su punto de vista, esto permitiría a cualquier persona provocar el retiro o despido de un director a través de una denuncia. Sobre la creación de la veeduría señaló otro peligro: “Parece que esa veeduría estaría orientada a fiscalizar. Pero no se especifica en qué va a consistir ni qué facultades o poderes tendrá. El riesgo de que eso se convierta en un comité de censura popular contra los medios es muy alto”.