Ley del Congreso suspende el cobro de peajes.
Ley del Congreso suspende el cobro de peajes. | Fuente: Foto: Andina

Los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia enviaron una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino, para advertir "el grave impacto que supone" la ley que suspende el cobro de peajes durante el Estado de Emergencia (Ley N° 31018) para diversas empresas concesionarias de la red vial nacional, cuyas inversiones se originan en estos países.

En su pronunciamiento, los jefes de las misiones diplomáticas advirtieron que el impacto financiero en las concesiones es "incalculable " porque el plazo de la suspensión de los peajes resulta "incierto" debido a que la ley aprobada por insistencia en el Congreso prevé que esta medida se mantenga mientras dure el Estado de Emergencia.

"Además, indica que la suspensión de los peajes no causará ni generará derecho compensatorio, lo cual desconoce los mecanismos de negociación contractual estipulados en los respectivos contratos de concesión y el derecho de las personas a ser compensados por daños infringidos", advirtieron.

En ese sentido, señalaron que esto último ocasionará que los concesionarios afectados "puedan verse en la eventual necesidad de declararse en quiebra" y, además, ante la falta de liquidez, podrían no estar en la capacidad de brindar servicios esenciales como la operación, mantenimiento de vías y de auxilio mecánico "al no contar con recursos".

"El Perú ha logrado generar y mantener la confianza de los inversionistas privados nacionales y extranjeros a lo largo de las últimas décadas debido al respeto a los tratados internacionales y a los contratos suscritos por el Estado peruano. Por ello el Perú es un destino favorito en la región para las inversiones privadas", mencionan en el comunicado.

Por esta razón, los embajadores firmantes expresaron su "profunda preocupación" ante medidas como la ley que establece la suspensión de los peajes, la cual acusaron de "vulnerar seriamente la estabilidad jurídica y contractual", además de comprometer "peligrosamente" las inversiones privadas "tan importantes y necesarias en un contexto como el actual".

Finalmente, los jefes de las misiones diplomáticas dejan abierta la posibilidad de llevar este caso ante el Tribunal Constitucional. Pese a esto, se mostraron confiados en que el Congreso de la República les permita exponer sus posiciones sobre este tema.