Ley Mulder tiene dos problemas de inconstitucionalidad, según abogado

El abogado Roberto Pereira advirtió que la ley que prohíbe la publicidad en los medios de comunicación privados -observada por el Ejecutivo el pasado 21 de marzo- presenta dos problemas de inconstitucionalidad y uno vinculado al trámite de su aprobación en la Comisión Permanente.

“Se exoneró el dictamen de comisiones. La Constitución obliga a los proyectos de ley que se debaten vengan con un dictamen de comisiones para asegurar su consistencia técnica, su racionalidad. Este proyecto fue exonerado sin ninguna justificación”, dijo en Ampliación de Noticias.

Si bien el Reglamento del Congreso permite exoneraciones, el abogado apuntó que estas deben tener justificaciones específicas, como temas de urgencia. “Acá no había eso”, se quejó. “Con eso se empobrece el trabajo legislativo y se incorporan una serie de intereses en la aprobación de proyectos de leyes que son intereses que no están alineados con el interés general”.

Según Pereira, el segundo problema que tiene la denominada Ley Mulder (debido a que el impulsor de esta norma es el aprista Mauricio Mulder) está vinculado “al derecho de información, de acceso a información de la población”.

“Limitar la capacidad del Estado para difundir información a la que tenemos derecho todos afecta sensiblemente al derecho a la información de la población. Pensar que solo los medios estatales y las redes sociales van a suplir la demanda informativa de la población es un error. Eso ya está probado”, comentó el abogado.

“La observación del Ejecutivo expone razones de porqué eso está mal y por qué eso limita la capacidad del Estado de comunicar y, por ende, de las personas de acceder a información pública”, sostuvo.

Otro problema de la norma -según Pereira- fue su aprobación sin que haya sido sometida a una segunda votación. “Sin ninguna razón, sin ninguna justificación, se exoneró de segunda votación y se aprobó esta norma”.

El Ejecutivo observó el 21 de marzo último la ley que prohíbe la publicidad en los medios de comunicación privados, aprobada a fines de febrero por la Comisión Permanente. La iniciativa fue exonerada de segunda votación por la Junta de Portavoces.