Los argumentos que expuso Martín Vizcarra para defenderse del pedido de vacancia en el Congreso [Análisis]

Este lunes, Martín Vizcarra se presentó ante el Pleno del Congreso para defender su permanencia en el cargo de presidente de la República. Esto, en el marco del nuevo procedimiento de vacancia que el Legislativo emprendió en su contra tras la revelación de indagaciones fiscales que lo vincularían con el caso Club de la Construcción.

De acuerdo con los relatos de aspirantes a colaboradores eficaces, Vizcarra recibió coimas a cambio de facilitar proyectos de infraestructura en Moquegua cuando era gobernador en esa región. Los montos de estos supuestos sobornos ascenderían a un total de S/ 2 millones 300 mil de parte de consorcios empresariales para el otorgamiento del Hospital de Moquegua y de la obra Lomas de Ilo.

Durante 52 minutos, el mandatario abordó su propia defensa desde diferentes ángulos. Señaló que una crisis política -que implique la salida del Gobierno- no es la más oportuna para este contexto de pandemia y recuperación económica. Además, cuestionó que se pretenda aplicar la vacancia por una causal de interpretación abierta y sin valerse de elementos contundentes, pues los testimonios sobre los que se basa el pedido aún no se habrían corroborado.

Pese a que Vizcarra asistió al Pleno con su abogado, el penalista Fernando Ugaz Zegarra, este último no participó en la presentación. RPP Noticias recogió los comentarios de especialistas en Derecho y en Análisis Político para identificar los puntos de defensa y estrategia del jefe del Estado frente a este segundo riesgo de destitución.

Esta vez, lo jurídico pasó a un segundo plano

Como lo señalamos líneas arriba, en contraste a lo ocurrido para la moción de vacancia de setiembre, el mandatario no cedió tiempo de presentación a su abogado defensor y, de hecho, extendió gran parte de su mensaje al plano político.

El analista político José Carlos Requena recalca que, por momentos, Vizcarra perdió algo de enfoque en el tema central de las denuncias. Además, refirió que entre el inicio y el final, se distinguen algunas contradicciones en la forma de convocar al Congreso a la reflexión. Esto, particularmente, por los señalamientos que realizó en la primera parte de su alocución respecto de congresistas investigados.

“Ha sido un discurso eminentemente político, al punto de que el abogado no tuvo ocasión de hablar. Algunos le han encontrado un cariz, incluso, de ‘mensaje de 28 julio’. Ha concluido este llamado a la unidad, que, sin embargo, contrasta con el tono que tuvo, sobre todo en la primera mitad, en la que fue incluso en algún momento fue abucheado por parte de los miembros del Congreso, cuando recordó que 68 de ellos tenían procesos abiertos por distintos delitos”, dijo Requena en el programa Encendidos, de RPP.

El abogado penalista Carlos Caro Coria señala que, desde el punto de vista jurídico, el mensaje del presidente careció de las respuestas que se habrían esperado. También anotó que se reciclaron algunos conceptos legales de la moción anterior.

“El presidente no ha ingresado a debatir detalles y su abogado tampoco. Digamos, han ensayado algunas líneas de respuesta, pero todas periféricas. Ninguna, digamos, sobre la cuestión de fondo. Y creo que la estrategia de esta ocasión pasó por desvincular lo penal de lo constitucional y decir que la incapacidad moral permanente no es comisión de delitos y que, si así fuera, la comisión de delitos se tiene que determinar en un proceso penal. Yo diría que la idea ha sido pasar un poco por agua tibia la cuestión penal, no hacer mucho aspaviento y buscar que, con eso, se vote en contra de la vacancia”, explicó Caro.

En entrevista para este texto, el constitucionalista Rafael Sánchez Ríos coincidió en la misma crítica respecto de la ausencia de renovados argumentos legales. Para Sánchez, el haber recurrido al contraargumento de las investigaciones que pesarían sobre más de 60 congresistas ya advertía un impulso muy político en la defensa.

 “La referencia jurídica y legal no ha sido tan fina, tan pulcra. Creo que ha sido una defensa casi totalmente política y mucho más efectista. Poner en duda la catadura moral de quienes pretenden fiscalizar al presidente de la República fue una movida para, quizá, quitar la mirada al foco central de la vacancia y atacar un poco al mensajero. Eso, claro, desde el punto de vista político es válido. Sin embargo, como señalo, tampoco es que haya prescindido por completo de lo jurídico”, dijo el abogado asociado del Estudio García Sayán.

Sobre la descalificación a los aspirantes a colaboradores eficaces

Los abogados consultados por RPP identifican algunos puntos recurrentes en el limitado aspecto legal de la defensa de Vizcarra. Debido a que, en esta ocasión, el caso se resume a las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, el presidente recurrió al argumento de la falta de certezas. El penalista Carlos Caro, sin embargo, estima que la formulación de este punto fue bastante débil. Sobre todo, porque Vizcarra se centró más en explicar términos técnicos generales.

“Cuando habla de que el colaborador es una persona culpable, esa es la definición propia. Que el colaborador eficaz es una persona que ha cometido delito, que acepta los cargos y otorga información que debe ser comprobada o confirmada con la finalidad que obtener un beneficio... Eso, digamos, por definición, no aporta mucho, no aporta nada nuevo al debate. Seguramente, con ese discurso, se trató de desestimar la credibilidad de ‘delincuentes’, pero eso no funciona así. El sistema está pensado, justamente, para que los delincuentes puedan colaborar con la justicia, ahorren litigación o restrinjan la litigación por parte de la Fiscalía y, en consecuencia, se pueda dar paso a descubrir quienes han cometido delitos en una cadena que puede implicar a personas de mayor nivel o mayor peso”, dijo Caro.

Rafael Sánchez estima que el presidente, al igual que en la moción anterior, ha optado por exigir datos objetivos que demuestren su supuesta responsabilidad penal. El abogado explica que, sin embargo, este argumento no necesariamente rebate el planteamiento de la vacancia. Esto, porque, en sí mismo, el procedimiento de vacancia no responde a los mismos parámetros que tendría un proceso judicial, donde sí se exige acreditar una acusación.

“Creo que [el presidente Vizcarra] ha incurrido otra vez en pedir un grado de certeza mucho más alto del que se requiere para el análisis de una vacancia presidencial de este tipo. Incluso, como vimos, hizo referencia a que los congresistas que también tendrían problemas legales serían igualmente sujetos de una exigencia a dejar el cargo. Pero así como el presidente dice que no se han probado las alegaciones en su contra, tampoco hay ninguna otra prueba que irrefutablemente demuestre algún acuerdo del Congreso en su conjunto para, bajo la excusa de la vacancia, alterar el cronograma electoral u otras situaciones que el mismo presidente ha sugerido. Entonces, yo creo que, finalmente, pretender extrapolar estándares judiciales a un procedimiento parlamentario no es la vía correcta”, nos respondió Sánchez.

El presidente ya tenía pocas herramientas para igualar o superar su defensa anterior

En el anterior procedimiento de vacancia que terminó con solo 32 congresistas votando a favor de la destitución, Vizcarra había cedido el protagonismo de la defensa a su abogado, que entonces fue Roberto Pereira. Hoy ocurrió lo contrario.

“No diría que el presidente estuvo ‘jugando al peligro’ [al descontar la participación de su abogado Fernando Ugaz]. Yo diría que las cartas que tiene para jugar son escasas y los escenarios en los que él juega estas cartas están en permanente cambio, por lo cual los efectos que él esperaría, quizás, se aseguran mejor si son planteados por él mismo”, señaló en consulta para este texto Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia.

Para la politóloga, el mandatario asumió tres papeles diferentes: el primero, como presidente de la Nación que rinde cuentas a la ciudadanía; el segundo, como un investigado que responde a las denuncias periodísticas; y tercero, como su propio abogado.

“Creo que es ahí, en el rol de ser su propio abogado donde se han observado ciertas inseguridades y debilidades. Por otro lado, creo que tampoco era el espacio o el momento político para extenderse en rendir cuentas a la ciudadanía. Creo que asumir él solo ese triple rol hizo que la presentación no fuese tan sólida como se hubiera esperado. Es un escenario complejo para el presidente porque, recordemos, no tiene una bancada oficialista. Esta soledad le juega en contra, sin duda”, expresó Urrutia.

Mientras el Congreso desarrollaba su debate, la Asociación Civil Transparencia publicó un comunicado que apela a la responsabilidad; especialmente, la del Parlamento. "No debe confundirse la lucha contra la corrupción con la pugna por el poder. Menos con aquella que pone en riesgo la institucionalidad democrática. Por ello, el Congreso debe usar con responsabilidad la potestad de declarar la vacancia presidencial por incapacidad permanente y respetar el espíritu de la Constitución en el que se enmarca. Más cuando está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la materia", se lee en el oficio.

El actual procedimiento de vacancia presidencial se encuentra en la última etapa. Para aprobarse, el Reglamento del Congreso exige un mínimo de 87 respaldos; es decir, la votación calificada no menor de los 2/3 del número legal de congresistas. Mientras algunas bancadas han anunciado que votarán en bloque (UPP, por ejemplo, que lo hará a favor de la vacancia o el Partido Morado, en contra), otras han informado que sus integrantes decidirán individualmente (una de ellas es Somos Perú).

NUESTROS PODCASTS

El presidente Martín Vizcarra se presentó ante el Congreso de la República para defenderse de un segundo pedido de vacancia. En el siguiente informe, recordamos la base y el contexto de esta nueva solicitud de destitución.