El decreto legislativo 1323, tenía como objetivo endurecer las penas para los crímenes de odio a la comunidad LGTBI.
El presidente de la comisión de Constitución, el fujimorista Miguel Torres, dijo que el pedido de derogar la ley contra los crímenes de odio “no fue una leguleyada”. Justificó la medida porque, según él, el Ejecutivo no pidió legislar sobre el tema de género.
“No es ninguna leguleyada. A nosotros, en una fecha como hoy, nos recuerdan que debemos respetar la institucionalidad de las cosas. El fin no justifica los medios. No importe el tema de fondo tengo que aplicar una regla uniforme. Se tiene que cumplir las reglas establecidas”, dijo en Ampliación de Noticias en RPP Noticias.
Discrepancias. Para el legislador Alberto de Belaunde el Decreto Legislativo Nº 1323 sí estaba dentro del tema de seguridad ciudadana, por el cual se le había otorgado facultades legislativas al Ejecutivo.
Un grupo de trabajo, conformado por Úrsula Letona (Fuerza Popular), Javier Velázquez Quesquén (APRA) y Vicente Zeballos (PPK), discutió sobre la legalidad del DL 1323. De acuerdo a De Belaunde, hubo un informe mayoritario “diciendo que no había ningún problema” con el decreto.
“Si podías legislar sobre discriminación y crímenes de odio, también podías incluir orientación sexual e identidad de género junto a otras categorías como libertad religiosa”, dijo el legislador.
Grave situación. Carlos Zelada, especialista en derecho internacional público, comentó que la congresista Letona “no conoce la realidad” al utilizar como excusa que la delegación de facultades en seguridad no incluía temas de género.
“En los últimos diez años, hay cerca de 100 personas que pertenecen a colectivo LGTBI que habrían sido asesinadas por motivos relacionados a su orientación sexual. En el Perú ser una persona LGTBI abierta y visible es peligroso”, dijo.
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