Vásquez es acusada de haber infringido presuntamente el artículo 45 de la Constitución, así como de la posible comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, con 12 votos a favor y 3 en contra, el informe final de la denuncia constitucional contra la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, en el que se propone inhabilitarla para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años.
A Vásquez Chuquilín se le acusa de haber infringido presuntamente el artículo 45 de la Constitución, así como de la posible comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, contemplados en el artículo 399 del Código Penal.
La denuncia fue interpuesta por los excongresistas César Gonzáles y Manuel Merino, quienes señalan presuntos actos arbitrarios de Vásquez durante su gestión como presidenta interina del Congreso, como aumentos remunerativos y la designación de funciones a determinados trabajadores pocos días antes de culminar su mandato.
También se le acusa de haber incumplido supuestamente el procedimiento de medidas de protección sanitaria, al disponer, a través del área de Recursos Humanos, la entrega física de tarjetas electrónicas de consumo navideño, lo que habría generado un incremento de contagios por COVID-19, dos fallecimientos en ese periodo y otros trabajadores en estado grave.
Vásquez se pronuncia
A través de su cuenta en X, Mirtha Vásquez calificó como un "abuso descarado de poder" la aprobación del documento. "El informe no se sustenta en pruebas, solo en suposiciones", cuestionó.
Por su parte, la legisladora Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, rechazó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. "Nada importa a quienes la sienten una amenaza política por actuar con principios y defender la democracia", escribió en la citada red social.