El Congreso debatirá este miércoles el informe de la comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por diferentes presuntos delitos relacionados a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (Fuerza Popular), anunció que el informe final del caso Sarratea que implica al presidente Pedro Castillo en presuntos actos de corrupción y que fue aprobado por su grupo de trabajo a fines de junio, ha sido agendado para su debate y aprobación en la agenda del Pleno de este miércoles.
En su cuenta en Twitter, el congresista compartíó la imagen del documento del acuerdo de la Junta de Portavoces por el que se amplía la agenda con la inclusión del informe de Fiscalización. Firman el documento los representantes de las bancadas de Fuerza Popular (24), Alianza para el Progreso ( 14), Avanza País (10), Renovación Popular (9), Somos Perú (5) y Podemos Perú (5), con lo que se suman 67 votos, cuatro más de los requeridos para este procedimiento.
El jueves 30 de junio, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por diferentes presuntos delitos relacionados a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros.
En el documento se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
De acuerdo con el informe de Fiscalización, el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El informe también concluye que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra por S/. 232.5 millones, habrían dado dinero al jefe de Estado a través de la lobbista Karelim López.
La empresa Tapusa, que conformó el referido consorcio, también habría entregado dinero al entonces ministro y hoy prófugo Juan Silva, a través de Zamir Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva por este caso y ha dado información sobre el caso.
Tres días antes de aprobar el informe, el lunes 27 de junio, los integrantes del grupo trabajo parlamentario acudieron a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo, pero no fueron recibidos por el mandatario por cuarta vez, pese a que este había aceptado realizar el encuentro.
La Comisión de Fiscalización del Congreso también recomienda formular una acusación constitucional contra Pedro Castillo y el exministro de defensa Walter Ayala por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA).
Se concluye en la documentación que Ayala, Castillo y Pacheco habrían intervenido en el proceso de ascensos de los altos mandos del Ejército.
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