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por Sebastián Acosta
·El parlamentario Wilson Soto señaló que la norma aprobada por el Pleno del Congreso establece que las empresas que llamen a usuarios que no han dado su consentimiento puedan ser sancionadas hasta con 450 UIT.
Wilson Soto, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, dijo este miércoles esperar que Indecopi cumpla con atender eventuales denuncias de parte de usuarios respecto de llamadas y mensajes spam por parte de empresas, cuya prohibición fue aprobada por el Pleno.
En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, el legislador de Acción Popular indicó que, con esta nueva ley, las empresas que incurran en llamar o enviar mensajes a los usuarios sin su consentimiento podrán ser sancionadas hasta con 450 UIT.
“Se está prohibiendo eso, salvo que uno diga que está de acuerdo. Por eso la sanción se va a poner que sea muy grave y la multa es 450 UIT. Espero que Indecopi cumpla su labor, porque muchas veces están ajenos y no están defendiendo a los usuarios”, indicó.
El legislador indicó también que quienes deben encargarse del trámite de la norma es la Relatoría del Congreso, para luego pasarla al presidente de la Mesa Directiva, quien la firma y la envía a Presidencia de la República que tiene 15 días de plazo para publicarla en el diario oficial El Peruano.
Aprobación de norma
El Pleno del Congreso aprobó con 91 votos a favor el nuevo texto sustitutorio que prohíbe a empresas realizar llamadas spam u otro tipo de comunicación a las personas. La norma establece que las llamadas y comunicación no estén permitidas, salvo que los propios usuarios solicitaran el envío de información publicitaria.
Así, la nueva ley señala también que el Indecopi se encargará de aplicar las sanciones que serán tipificadas como “muy graves” y podrían llegar a las 450 UIT (S/ 2 millones 317.500). Ello a fin de proteger la integridad emocional de los usuarios, según indicó Soto.
“Retroceso histórico en la lucha contra la corrupción”
De acuerdo a la nueva ley, la Fiscalía puede investigar como organización criminal a las empresas, las universidades y hasta las iglesias. Pero no a los partidos políticos.
Sebastián Acosta Periodista
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