La SAC rechazó el informe que recomendaba admitir a trámite la denuncia contra Patricia Benavides, en su calidad de ex fiscal de la Nación, por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso rechazó, este viernes, el informe que recomendaba admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación Delia Espinoza contra su antecesora en el cargo, Patricia Benavides, por los presuntos delitos contra la administración pública en modalidad de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, por un caso vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto.
Con 7 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones, dicho grupo de trabajo desestimó, sin debate, el informe final de la Denuncia Constitucional 602, sustentado por el abogado Sergio Bringas, que recomendaba "admitir a trámite, por procedente, la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la nación contra Liz Patricia Benavides Vargas", ya que cumplía "con los criterios establecidos en el Reglamento del Congreso".
Los votos en contra fueron de los congresistas de Fuerza Popular Martha Moyano, Nilza Chacón, Nelcy Heidinger, Víctor Flores y Héctor Ventura. Además de Esdras Medina (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia).
A favor votaron María Acuña y Segundo Quiroz de APP, Luis Aragón (Acción Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Jorge Coayla (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Milagros Jáuregui (Renovación Popular); mientras que Flavio Cruz y Américo Gonza, ambos de Perú Libre, votaron en abstención.
Cabe indicar que la votación del informe de la Denuncia Constitucional 602 fue incluido en la agenda de la sesión a solicitud del congresista Héctor Ventura. Dicho pedido fue admitido con 15 votos a favor. Tras la deliberación, la presidenta de la SAC, María Acuña, pidió que, en ese momento, el informe final fuera remitido a los correos institucionales de los parlamentarios.
El caso
Según la sustentación del letrado Sergio Bringas, los presuntos delitos denunciados "tendrían relevancia penal construida sobre la base de fundados y razonables elementos indiciarios preliminares" presentados por la Fiscalía, los cuales "permiten inferir que la conducta de la denunciada se estaría subsumiendo al tipo penal imputado".
En ese sentido, el abogado sostuvo que la exfiscal de la nación se habría "extralimitado" en sus funciones, ya que habría requerido "al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Noreste que incluya en la terna para el nombramiento de fiscales provisionales a Abelardo César Caycho Ramis", quien "no contaba con el perfil ni la experiencia necesaria para asumir el cargo como fiscal provincial provisional del Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa del distrito de Lima Noreste".
Este nombramiento, según lo sustentado, habría respondido a una "contraprestación" acordada con Jorge Luis Castillo Alva, investigado por el caso Cuellos Blancos, por intermedio de su abogado Jefferson Gerardo Moreno Nieves. Este último, habría sido contactado por los exasesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Ángel Girao.
El informe indica que Moreno Nieves "habría tenido un directo interés" en colocar "un abogado de su conveniencia como Abelardo César Caycho en el Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa del distrito de Lima Noreste, toda vez que, en dicha fiscalía, se venía investigando una denuncia penal interpuesta por el propio Castillo Alva en contra de Walter Ríos Montalvo, por los presuntos delitos de denuncia calumniosa y encubrimiento personal, denuncia que tenía vinculación con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto".
"Castillo Alva, a través de su abogado Jefferson Moreno, habría ofrecido a la fiscal de la nación Benavides para que el efectivo policial Jorge Rodríguez Menacho sea testigo de descargo en sus investigaciones y declare en favor de ella ante la JNJ. Es donde Benavides Vargas, en razón de este apoyo ofrecido, accede a la contraprestación ilícita materializada en el nombramiento del fiscal Abelardo César Caycho", sostuvo Bringas.
¿Cuál habría sido el rol de Jorge Rodríguez Menacho? Según el letrado, este habría elaborado un informe favorable a Patricia Benavides, que contenía "el resultado del análisis de vinculación de llamadas" de la exfiscal de la nación con Edwin Camayo Valverde, uno de los principales implicados en el caso Cuellos Blancos. Dicho informe, presentado ante la JNJ, concluía que no existían "actas de comunicación entre los número telefónicos cuyos titulares serían Edwin Antonio Camayo Valverde y Liz Patricia Benavides Vargas".
"En ese sentido, Patricia Benavides habría aceptado la promesa de ventajas indebidas de Castillo Alva, permitiéndole a este, siendo agente externo e investigado por el Ministerio Público, influir con el nombramiento de fiscales. Pese a que el candidato solicitado por Castillo Alva no reunía el perfil requerido para el puesto, Benavides Vargas habría emitido la resolución […] mediante la cual se designó a Abelardo Caycho Ramis como fiscal provincial provisional de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, pues dicho despacho tenía a su cargo la carpeta fiscal […] de la investigación contra Walter Ríos Montalvo en agravio de Castillo Alva, en donde habría tenido un directo interés por manejar el derrotero de la denuncia al colocar a un abogado de su confianza para que ocupe la plaza como fiscal", aseveró Bringas.