La congresista Rocío Silva Santisteban negó que las cartas de Frente Amplio amedrenten a candidatos al Tribunal Constitucional. “No se puede decir que nosotros estamos amenazando”, dijo a RPP Noticias.
Rocío Silva Santisteban rechazó las acusaciones de Acción Popular sobre las cartas de la bancada del Frente Amplio para presuntamente amedrentar los candidatos al Tribunal Constitucional. La congresista indicó que se todo se trata de una “excusa” para defender un “proceso viciado” que no alcanzaría el número suficiente de votos.
“El proceso está viciado, creo que sacarlo adelante será por la terquedad de algunos miembros de Acción Popular”, dijo en conversación con RPP Noticias.
En la víspera, Somos Perú se retiró del proceso, sumándose así a las bancadas de Frepap, el Partido Morado y el Frente Amplio, por lo que evidentemente dificulta que la votación obtenga los 87 votos.
Al respecto, Rocío Silva Santisteban también fue consultada sobre las cartas de Frente Amplio dirigidas a los candidatos a magistrados del TC y señaló que no hay ninguna amenaza de por medio. “Han salido a decir que nosotros hemos amedrentado candidatos y eso no es verdad”, manifestó.
“Las cartas son bien respetuosas. Plantean nuestro punto de vista y les decimos a los candidatos desde esa perspectiva que es mejor que el TC sea elegido por el próximo Congreso. No se puede decir que nosotros estamos amenazando”, declaró y agregó que todo lo que se ve es “una excusa para salir y seguir defendiendo un proceso que todas luces está mal”.
La parlamentaria indicó que personalmente ella no hubiera enviado las cartaa en este momento, sino dos semanas antes. Sin embargo, señaló que dicha decisión de parte del Frente Amplio se concretó apenas hace unos días.
Se deben asumir “las consecuencias penales”
En las cartas de Frente Amplio se invoca a los postulantes a renunciar al proceso “ilegítimo” o, de lo contrario, asumir “las consecuencias penales”. La congresista Rocío Silva Santisteban explica que este párrafo se incluyó por la acción de amparo y medida cautelar que impuso el Poder Judicial a la cuestionada elección de miembros del TC.
“Este proceso tiene una acción de amparo y una medida cautelar, y si no la acatamos tendríamos que asumir las consecuencias de una desobediencia a la autoridad. […] Todas las personas que participan en un proceso que el PJ califica como que debe de detenerse y no se acata la resolución tiene que asumir las consecuencias penales”, indicó a RPP Noticias.
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