La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional e inhabilitación contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, este viernes, el informe final que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
Con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, dicho grupo de trabajo parlamentario aprobó el referido informe que, además, propone la inhabilitación para ejercer la función pública, por 10 años, contra los denunciados.
La encargada de sustentar el informe final fue la congresista Ana Zegarra (Somos Perú) quien indicó que la conclusión recomendaba las referidas inhabilitaciones y el archivo de los cargos contra el parlamentario Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo.
“Hemos determinado en la conclusión que, de conformidad con lo establecido en […] el Reglamento del Congreso y en virtud de haber seguido un debido proceso, ceñido a la Constitución, al Reglamento del Congreso, la jurisprudencia y doctrina pertinente, dando el derecho a que las partes expongan sus posiciones, consideramos [que] las conclusiones arribadas […] son constitucionalmente justas, considerando los motivos expuestos y que las medidas sugeridas a adoptarse se encuentran dentro de los parámetros normativos, y a las cuales creemos efectivos para el cumplimiento de la finalidad del proceso de acusación constitucional”, señaló Zegarra.
"[Se concluye] acusar al denunciado Pedro Castillo Terrones […] de infringir los artículos […] de la Constitución […], y en consecuencia se propone se le interponga a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años, como la sanción máxima prevista en nuestro ordenamiento constitucional. Asimismo, se ha determinado acusar a la denunciada Betssy Chávez […] de infringir los artículos […] de la Constitución […], y en consecuencia se propone se le imponga a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años [...] También acusar al denunciado Willy Huerta, exministro del Interior de infringir los artículos […] de la Constitución […], y en consecuencia se propone se le imponga a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años", detalló.
En el caso de Roberto Sánchez, se indicó que "se ha especificado, [que] el denunciado ha obtenido una resolución suprema que se pronuncia en cuanto a su no participación de los hechos investigados en las denuncias constitucionales".
Los votos a favor de aprobar el informe final fueron de Lady Camones (APP), presidenta de la SAC; Jorge Montoya (Honor y Democracia); Ana Zegarra; Karol Paredes (Avanza País); Arturo Alegría, Marta Moyano y Patricia Juárez de Fuerza Popular; María Acuña (APP); Patricia Chirinos (Renovación Popular); y Elvis Vergara (Acción Popular). Los votos en cuentra fueron de Elías Varas (JPP-VP-BM), María Taipe (Perú Libre) y Pasión Dávila (Bancada Socialista).
Fiscalía solicita prisión preventiva contra Betssy Chávez
Por otro lado, el Ministerio Público pidió al Poder Judicial que se revoque la medida de comparecencia con restricciones impuesta a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez, y se varíe por mandato de prisión preventiva.
Así lo solicitó la fiscal suprema Zoraida Ávalos, encargada de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a través de un requerimiento remitido el último miércoles.
Dicho escrito señala que Chávez Chino -procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, y quien se encuentra asilada en la Embajada de México- incumplió "todas" las reglas de conducta que debía considerar dentro del mandato de comparecencia con restricciones.
Las reglas de conducta eran la obligación de no ausentarse de la localidad de Lima sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema; comparecer para el control biométrico cada 7 días en sede judicial; y la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal, en la hora y fecha que sea requerida para cualquier actuación del proceso.
No obstante, según acreditó la fiscal suprema, Betssy Chávez no se presentó injustificadamente a las audiencias que tuvieron lugar los días 28, 30 y 31 de octubre pasados, siendo esta última fecha en la que se le dio por "dispensada" por "última vez", bajo apercibimiento de declararla reo contumaz para su ubicación y captura. Ese mismo día, la Fiscalía solicitó información respecto a la comparecencia de Chávez Chino para el control biométrico cada 7 días, siendo que la judicatura respondió que la exministra no había acudido.
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