Fernando Tincopa, sociólogo del Centro Wiñaq, consideró que el actual Tribunal Constitucional "ha avalado" que el Congreso pueda tener proyectos de ley con "iniciativa de gasto", lo que repercutirá negativamente en la caja fiscal del Estado.
Congreso
Tincopa consideró que estamos ante un Ejecutivo débil que ha sido afectado por una creciente injerencia del Legislativo
El último sábado, 15 de junio, finalizó la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 del Congreso, y con ello el Parlamento entra en un receso que se extenderá hasta la segunda quincena de julio, cuando deberá elegirse una nueva Mesa Directiva.
Durante este último periodo de sesiones, la Representación Nacional ha aprobado una serie de modificaciones constitucionales que, a decir de varios expertos, tendrán un impacto considerable en la institucionalidad nacional, sobre todo en el ámbito político y económico, como la reforma del sistema electoral y la modificación del sistema nacional de pensiones.
En ese sentido, el politólogo Fernando Tincopa del Centro Wiñaq, en diálogo con RPP, consideró que el Congreso actual está "cercano a pretender tomar las acciones del Ejecutivo" al promulgar normas de esa índole, actitud que, según dijo, cuenta ahora con el aval del Tribunal Constitucional (TC).
"Eso ha sido permitido porque este TC ha avalado la figura de proyectos de ley con iniciativa de gasto, cosa que antes no era posible (...) Teníamos muchísimas leyes que podían tener una connotación abiertamente populista en lo económico, pero que el TC rebotaba porque decía que eran leyes contrarias a la Constitución y que se atribuían funciones del Ejecutivo. Eso ahora está despareciendo, porque este parece más un Congreso cercano a pretender tomar las acciones del Ejecutivo cuando decide cosas como ésas", indicó.
"Congresistas han tenido una capacidad de injerencia sobre el Ejecutivo"
Según sostuvo Tincopa, las referidas modificaciones constitucionales aprobadas por el Parlamento han sido posibles por la notoria injerencia que este poder tiene sobre el Ejecutivo, lo cual se haría mucho más evidente en la "negociación" política que tendrá lugar en la Comisión Permanente para aprobar la delegación de facultades legislativas solicitadas por el gobierno de Dina Boluarte.
"La intención de discutir y extender la aprobación de la delegación de facultades lo que hace es elevar el costo de la negociación. Es notorio que los congresistas han tenido una capacidad de injerencia sobre el Ejecutivo para, a cambio de aprobar los proyectos de ley que este promueve, tener retribuciones tanto a nivel de presupuesto para sus regiones o negociaciones en torno a asignaciones específicas para proyectos determinados", consideró.
"Ese tipo de negociación es probable que sea parte de lo que esté sobre la mesa cuando se negocie la aprobación de delegaciones para el Ejecutivo. Frente a ejecutivos tan débiles, el poder del Congreso se expresa en esto, y lo que hace la Comisión Permanente es reducir la cantidad de actores con los que te sientas a negociar. Ya no tienes que negociar con todas las pequeñas micro bancadas del Congreso, sino con aquellas más importantes que son las que finalmente decidirán", agregó.
Asimismo, el especialista del Centro Wiñaq indicó que en el Congreso "se aprueban proyectos muy específicos y hasta personalistas a cambio de la contraprestación que podrían tener otros proyectos de ley".
“El Ejecutivo no hace observaciones a las leyes del Congreso y, a diferencia de otros gobiernos, este Ejecutivo tampoco lleva a interpretación del TC la legalidad a varias leyes que se dan. Estamos perdiendo camisas de fuerza frente al populismo por un Ejecutivo débil”, sostuvo.
"Antes al menos teníamos algunas instituciones que funcionaban como diques de contención, camisas de fuerza que contenían iniciativas populistas. Esto se ha venido degradando a partir del 2022 con una sentencia del TC que permite al Congreso tener iniciativa de gasto (…), y eso ha permitido que muchas leyes actuales tengan un componente de daño fiscal importante. Adicionalmente, el Ejecutivo era un dique de contención porque, al menos, las observaciones y la palabra del MEF valía bastante para regular la actitud del Congreso. Ahora estamos viendo que el Congreso, prácticamente, hace leyes que promulga por insistencia y que no tienen ninguna necesidad de ser consultadas con las instituciones con mayor legitimidad al respecto", aseveró.
Además, Tincopa consideró que la labor del Congreso "podría evaluarse como altamente populista en términos de medición de populismo económico".
"(Esto) por todas las leyes que generan un alto impacto fiscal, que han sido incluso criticadas por el Consejo Fiscal y que, en general, demuestra que este Congreso, junto con el anterior, es uno de los que más ha tenido mayor injerencia populista. Hay más de 100 leyes que han sido aprobadas en este periodo por insistencia; y según el Consejo Fiscal, el 42 % ha tenido algún impacto fiscal”, refirió.
"Según el Consejo Fiscal, de todas las leyes aprobadas por insistencia del Parlamento, aquellas que tienen perjuicios a la caja fiscal del Estado o que tienen algún impacto importante son cerca del 42 % (…) Las pequeñas sumas de montos económicos que se generan para el presupuesto público van a terminar generando un hoyo enorme difícil de cubrir con el pasar de los años", puntualizó.
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