Aníbal Torres, asesor legal de Perú Libre.
Aníbal Torres, asesor legal de Perú Libre. | Fuente: Andina

El asesor legal de Perú Libre, Aníbal Torres, afirmó este lunes que "lo único que persigue Fuerza Popular" con sus apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y con el pedido de una auditoria internacional a la segunda vuelta presidencial, es dilatar la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República. 

En diálogo con Nada está dicho de RPP Noticias, se refirió al pedido planteado por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori al presidente de la República, Francisco Sagasti, para que este solicite la auditoria a la OEA

El abogado indicó que la Constitución establece que el Jefe de Estado "no puede interferir en las elecciones y tiene que respetar y hacer respetar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones".  

Aníbal Torres cuestionó que se compare a la segunda vuelta electoral peruana con el caso de Bolivia, cuyas elecciones presidenciales de octubre de 2019 fueron consideradas fraudulentas por la OEA. 

"Ahí hubo fraude", dijo el abogado y recordó que tanto la OEA, como el departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea así lo han declarado. 

"Hasta ahora no han podido presentar una sola prueba de fraude", dijo sobre Fuerza Popular. 

El asesor legal de Perú Libre, dijo que tras conocer que perdieron las elecciones desde Fuerza Popular "se trazaron el propósito" de "retardar lo más que sea posible" la declaración de resultados oficiales "con la intención de que no se proclame al presidente antes del 28 de julio.   

"Ese es el objetivo, pero no se dieron cuenta y no han advertido que el Jurado Nacional de Elecciones está en la obligación de proclama al presidente antes del 28 de julio, aún cuando no se hayan resuelto todos los recursos de apelación", manifestó.

Diez apelaciones declaradas infundadas

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundados diez expedientes de apelación por solicitudes de nulidad, los cuales fueron programados para su revisión este lunes en audiencia pública.

Todos los recursos fueron planteados por la organización política Fuerza Popular y estuvieron referidos a la presunta falsificación de firmas.  

Los expedientes llegaron en apelación hasta el máximo tribunal electoral desde los Jurados Electorales Especiales (JEE) en las regiones de San Martín (seis casos) y Huancavelica (cuatro).

Tras más dos horas de deliberación, el pleno determinó que no se acreditó "con suficiencia" la presunta falsificación y tampoco se pudo demostrar un supuesto favorecimiento a algún candidato.

Asimismo, se acordó remitir copias de los expedientes al Ministerio Público para que dicha entidad determine si existió suplantación de personas, falsificación de firmas o falsedad en las pericias presentadas.

 

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