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La minería ilegal y el tráfico de drogas mueven cada año millones de soles en el Perú. Además de poner en riesgo la seguridad nacional, estas economías ilegales también pueden ganar terreno en la política mediante el financiamiento de campañas. Expertos de Perú, Honduras y México brindan sus puntos de vista al respecto.
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Economías ilegales en las campañas políticas: ¿cómo evitar el ingreso de este dinero ilícito?
Por su naturaleza ilícita, la minería ilegal, el narcotráfico, la tala indiscriminada o la trata de personas son actividades que forman parte de las economías ilegales que ponen en peligro los recursos naturales del país, la salud y la seguridad de todos los peruanos.
En tiempos de campaña electoral surge la preocupación de que el dinero que mueven estas actividades termine financiando la política, que algunos candidatos se puedan ver tentados a recibir este dinero y, tras llegar al poder, tengan la presión de responder a los intereses de quienes los financiaron.
El 2026 será un año doblemente electoral en el país, ya que están programadas las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales. Más de 13 mil 200 autoridades serán elegidas y la pregunta es si las actividades ilícitas están interesadas en algunas de las candidaturas que ocuparán este número de cargos.
Perseguir los movimientos de este dinero ilegal es una acción que el Estado y el Gobierno deben hacer de forma permanente, más aún cuando está cerca una campaña electoral que tendrá más de treinta partidos políticos en contienda, opinó Rubén Vargas, exministro del Interior.
“El dinero que producen estas economías ilegales, si hablamos solamente de cocaína y de oro ilegal, es mayor a los diez mil millones de dólares anuales. Es una cantidad significativa que ni la Sunat, ni el sistema financiero formal se atreven a decirnos dónde termina y ante ello vemos que la respuesta del Gobierno frente a este crecimiento de las economías ilegales es absolutamente insuficiente”, recalcó.
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Añadió que, para la Sunat, “no sería un problema hacer el seguimiento a este dinero que nace de las plantas de beneficio o procesadoras de oro ilegal, o seguir a los sujetos de investigación vinculados a estas economías ilegales porque la base de datos que maneja le permite actuar de una manera más firme pero no lo está haciendo”.
En septiembre del 2023, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía informó que sólo la minería ilegal generó pérdidas al Perú por más de 22 mil millones de soles, 3 mil millones de soles más del presupuesto que el Estado asignó al sector Educación para el presente año.
Y desde el Instituto Peruano de Economía se afirmó que mientras las economías ilegales se expanden en territorio y adquieren mayor logística para operar, los recursos destinados desde el Estado peruano para combatirlas se reducen, limitando su accionar.
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Perseguir el dinero ilegal en todo momento
“Honduras dejó de ser un país de paso del transporte de la droga para sumarse a la lista de países en donde también se produce. Con lo incautado en droga podríamos realizar hasta doce elecciones generales en mi país”, afirmó Vladimir Mendoza, comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos de Honduras.
Para conocer con qué dinero son financiadas las organizaciones políticas y asegurar que este financiamiento sea legal, desde el 2017 Honduras cuenta con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos. Esta misma ley estableció la creación de una unidad del mismo nombre, con dependencia al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad encargada de auditar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados, la fiscalización y sanciones.
De esta manera, perseguir el dinero ilícito del narcotráfico o de la minería ilegal es posible gracias a acuerdos logrados entre las instituciones hondureñas y con los gobiernos de países vecinos, señala el comisionado Vladimir Mendoza.
“Hemos identificado en Honduras que ese trabajo de cooperación entre naciones da resultados. Gracias a eso hemos recuperado bienes tanto en la república de Chile, en Argentina, en el mismo Salvador y en Costa Rica. Es necesario precisar que las acciones desde la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización que integro no se detienen porque sabemos que el aparato logístico que manejan estas organizaciones criminales es mucho mayor comparado a los recursos estatales, pero eso nos empuja a seguir rastreando sus movimientos con todas las capacidades que tenemos ”, acotó el funcionario.
Exigir transparencia a los partidos
Además de perseguir al crimen, es necesario exigir en todo momento la transparencia en los recursos que manejan los partidos políticos, señala la investigadora por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, Celine González:
“Creo que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad de lo que estamos viviendo en cuanto a permitir que las economías ilegales penetren en sus organizaciones porque, si bien tenemos candidatas y candidatos que se resisten a ser coludidos por grupos de crimen organizado, hay muchos que no y que participan activamente en esta colusión. Y allí sí creo que debe haber un trabajo fundamental desde los partidos políticos para poder evaluar estas candidaturas”, sostuvo.
Agregó que “necesitamos mejorar también la rendición de cuentas, el monitoreo y evaluación de las instituciones que están llamadas a proteger a los ciudadanos de estas organizaciones criminales, porque la corrupción es muy fuerte y si no fortalecemos las capacidades de unidades como las policías municipales o locales, el crimen ganará terreno”, subrayó.
Los puntos de vista de estos tres especialistas sobre el impacto de las economías ilegales en el marco de los procesos electorales fueron expuestos en la Conferencia Internacional de Conflictividad Electoral en América Latina y el Caribe, realizada en Lima. La actividad fue organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE).
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Maricarmen Chinchay Periodista
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