El próximo presidente o presidenta tendrá como una de sus tareas más urgentes la prevención y el apoyo a la lucha anticorrupción, en particular en situaciones vinculadas a la pandemia de la COVID-19. Especialistas comentan qué medidas se deben priorizar en este objetivo.
El Gobierno que asumirá funciones el 28 de julio del 2021 tiene como temas inmediatos en su agenda la lucha contra la pandemia y al apoyo a la lucha contra la corrupción. En los últimos meses, ambas problemáticas han coincidido a través de distintos casos que van desde supuestas irregularidades en la compra de material para luchar contra el virus hasta casos de presuntas vacunaciones irregulares.
¿Qué medidas inmediatas debería tomar el nuevo Ejecutivo para enfrentar a la corrupción vinculada a la pandemia? Para el exprocurador Antonio Maldonado, el nuevo Ejecutivo debe enfrentar este problema basándose en dos ejes: la prevención y la lucha contra la impunidad, por lo que debería fortalecer a la Controlaría y al sistema de justicia, y aplicar la política de integridad y lucha anticorrupción vigentes.
“Llevar a la práctica la política nacional de integridad de lucha contra la corrupción actualmente vigente. Promover mecanismos de integridad en todo el Estado y combatir a los lobbies que hacen prevalecer intereses privados sobre los públicos, sobre todo en el ámbito de la salud pública. Acabar con la puerta giratoria, no sólo en la contratación de funcionarios sino también en la adquisición de bienes y servicios. Aplicar los principios de eficiencia, transparencia, mérito, equidad y aptitud; acabar con la evasión y el fraude tributario poniendo por encima el interés público sobre el privado; enfrentar decididamente el lavado activos, en particular el derivado del comercio ilegal de fármacos”, señaló Maldonado.
En el Perú, la entidad que dirige las investigaciones en torno a casos de corrupción es la Fiscalía, un ente autónomo e independiente de otros poderes del Estado. Desde su experiencia, el exfiscal supremo Víctor Cubas considera que el nuevo Ejecutivo debería procurar un mejor presupuesto para esta institución, con el fin de acelerar y asegurar la realización de sus investigaciones, siempre dentro del respeto a la separación de poderes.
“Lo primero que tiene que hacer es asignar el presupuesto necesario para que el Ministerio Público pueda adelantar las investigaciones por estos casos, teniendo en cuenta que la realización de las mismas demanda determinados costos, sobre todo en peritos, en apoyo técnico, en apoyo en personal, del que ahora se está careciendo”, comentó Cubas.
Recomendaciones
José Alejandro Godoy, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, considera que el rol del próximo Ejecutivo en la lucha contra la corrupción debe ser principalmente preventivo, por lo que podría replantear el sentido de las contrataciones del Estado y hacerlas más eficientes y colocar los candados correspondientes para reducir las irregularidades.
“Tener correcciones, por ejemplo, a la ley general de contrataciones. Tener probablemente, dentro de la misma algunas, salvaguardas para casos de esta pandemia y de una futura pandemia; y a partir de allí tejer, básicamente, un nuevo sentido de la contratación estatal que permita de un lado obtener bienes y servicios en forma mucho más rápida y al mismo tiempo colocar los candados institucionales imprescindibles para casos de corrupción”, manifestó.
Si bien la corrupción en el Perú no se solucionará en cuestión de meses, el impulso inicial que le deberá dar el nuevo Gobierno a la lucha contra este problema podría ser un indicador de su agenda para los próximos cinco años.
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