por Redacción RPP
·Los candidatos al Senado Gino Costa y Javier Velásquez Quesquén confrontaron visiones en Prueba de Fuego de RPP sobre el polémico paquete legislativo del Congreso, la situación del presidente José Jerí y la reforma del sistema de justicia en el Perú.
En el programa Prueba de Fuego de RPP, los candidatos al Senado Gino Costa, por Libertad Popular, y Javier Velásquez Quesquén, por el APRA, sostuvieron un intenso intercambio de opiniones sobre la crisis institucional y el marco legal que regula la lucha contra la criminalidad en el país.
El debate puso de manifiesto dos lecturas opuestas sobre la actuación del actual Congreso y el rol del Ministerio Público.
Uno de los ejes centrales de la discusión fue la existencia de un conjunto de normas aprobadas por el Parlamento que diversos sectores califican como beneficiosas para la delincuencia.
Para el exministro del Interior Gino Costa, estas normas representan un retroceso crítico en la seguridad nacional.
"Yo creo que las leyes procrímen y proipunidad hay que derogarlas", sostuvo el candidato de Libertad Popular, quien además adelantó que su agrupación ya cuenta con una iniciativa legislativa para revertir lo que considera una desarticulación de la inteligencia policial y de los controles externos.
Por el contrario, Javier Velásquez Quesquén rechazó tajantemente dicha denominación y argumentó que los cambios legales buscan frenar arbitrariedades judiciales.
"Estas leyes no son procrímen", afirmó el representante aprista, añadiendo que en los últimos cinco años el Ministerio Público y parte del Poder Judicial han sido instrumentalizados por una corriente política para perseguir a sus adversarios, destruyendo el derecho a la defensa a través de excesos en las prisiones preventivas y colaboraciones eficaces prolongadas.
Partidos políticos y la figura de organización criminal
La controversia se extendió a la posibilidad de que los partidos políticos sean investigados bajo la ley de crimen organizado.
Costa defendió la necesidad de que la justicia pueda intervenir cuando estas instituciones son utilizadas para fines delictivos, denunciando que el Congreso legisló para protegerse a sí mismo.
"La única institución que no puede ser investigada por ser instrumentalizada por organizaciones criminales son los partidos políticos", cuestionó el candidato de Libertad Popular tras señalar que la mayoría congresal busca garantizar su propia impunidad.
Esta postura fue calificada como una generalización agraviante por Velásquez Quesquén, quien defendió la integridad de la militancia partidaria.
"Cuando tú dices un partido es una organización criminal me parece poco serio", replicó el candidato del APRA, quien subrayó que tal aseveración resulta ofensiva para miles de ciudadanos y que responde a un odio de sectores que no cuentan con respaldo popular.
Cuestionamientos a la gestión de José Jerí
Ambos postulantes coincidieron en criticar la permanencia de José Jerí en la presidencia (en funciones de transición), aunque por motivaciones distintas.
Velásquez Quesquén enfatizó el daño a la investidura presidencial tras las revelaciones de reuniones poco transparentes.
"Normalizar el hecho que una persona que funge de presidente de la República puede entrar encapuchado a comerse un chifa con un empresario que hace negocios con el estado creo que eso es terrible", sentenció el aprista, sugiriendo además que Jerí es mantenido en el cargo para el uso de presupuestos públicos en campaña electoral.
Desde la perspectiva de Costa, la situación del mandatario transitorio es un reflejo de la degradación del Parlamento.
"Hay que mandarlo a su casa al señor Jerí es una es una vergüenza tener un presidente como él en funciones", manifestó el candidato, asegurando que el Congreso lo protege debido a que Jerí expresa la esencia de una mayoría que ha capturado instituciones como el Tribunal Constitucional para evitar investigaciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, sobre la reforma de la justicia, Velásquez Quesquén propuso una reestructuración total de la Fiscalía de la Nación para eliminar a quienes denominó fiscales sicarios, mientras que Costa insistió en que el objetivo del Senado debe ser garantizar la independencia de los jueces frente a los intentos de sometimiento político por parte de las mayorías parlamentarias.
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